Gobierno, autonomías y empresas públicas y privadas suspenden en igualdad

  • La presencia de mujeres en altos cargos sigue siendo una asignatura pendiente, tal y como demuestra el estudio de la Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), que refleja que tanto el Gobierno central como los autonómicos y las empresas públicas y privadas suspenden en esta materia.

Madrid, 3 jul.- La presencia de mujeres en altos cargos sigue siendo una asignatura pendiente, tal y como demuestra el estudio de la Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), que refleja que tanto el Gobierno central como los autonómicos y las empresas públicas y privadas suspenden en esta materia.

El estudio, que examina 284 organismos y empresas españolas, refleja que la paridad en los puestos de máxima responsabilidad es pura teoría y que, pese a las recomendaciones europeas, no se lleva a la práctica.

La directiva de noviembre de 2012 de la Comisión Europea propone que la presencia femenina en los consejos de administración de las empresas sea del 40 %, un porcentaje que en el caso español apenas supera el 12 % en las principales compañías cotizadas, es decir, las que componen el Ibex 35.

El porcentaje español se sitúa "muy lejos" del 28,6 % que presenta Finlandia, señala Adeces en su estudio que, además, califica de "contradictorio" la citada cifra cuando las mujeres representan el 60 % de los licenciados universitarios españoles.

Los máximos responsables políticos del país también han hecho caso omiso a la recomendación europea y, de los catorce altos cargos que componen el Gobierno (presidencia, vicepresidencia y ministerios), diez son ocupados por hombres, es decir, el 71,43 % y sólo cuatro por mujeres (28,57%).

En el caso de los gobiernos autonómicos la situación empeora y las mujeres sólo ocupan las presidencias de tres comunidades: Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, lo que representa el 15,79 % de las 17 regiones y las dos ciudades autónomas.

El porcentaje es algo más elevado cuando los puestos son de menor responsabilidad, y de las 161 consejerías que existen en las comunidades autónomas las mujeres representan el 36,02 %.

La excepción la protagoniza el Principado de Asturias donde hay más consejeras que consejeros, mientras que tres comunidades (Cantabria, Galicia y País Vasco disponen del mismo número de consejeras y consejeros).

Adeces también destaca el trabajo del nuevo Gobierno balear elegido el pasado mayo que, además de aumentar el número de consejerías, "ha supuesto un avance en la paridad" al incorporar tres mujeres en las consejerías de Administraciones Públicas, Familia y Educación.

En el lado opuesto se encuentran Aragón y Murcia donde de sus 9 y 8 consejerías, respectivamente, sólo una la dirige una mujer.

La situación de las mujeres en las 37 empresas públicas evaluadas por Adeces no es mucho mejor y sólo cinco, la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Grupo Hunosa, el Grupo Sepides, el Hipódromo de la Zarzuela y el Puerto de Gijón, es decir el 13,51 %, está presidida por una mujer.

En el caso de las empresas privadas la situación es aún peor y los hombres ocupan la presidencia del 94,34 % de las 53 empresas analizadas y sólo tres de ellas Día, FCC y McDonald's (5,66 %) están presididas por una mujer.

Si se analizan las empresas que integran el Ibex, sólo Día y FCC están dirigidas por mujeres (5,71%).

De los 464 cargos de consejeros que hay en los consejos de administración de las empresas del Ibex (excluidos los presidentes), el 84,27 % están ocupados por hombres y sólo los 73 restantes (16 %) los asumen mujeres.

Caixabank y FCC con cinco mujeres en sus consejos de administración son las empresas con mayor paridad.

En el lado contrario se encuentran Endesa, Gas Natural Fenosa y Técnicas Reunidas que no incluyen a ninguna mujer en sus consejos.

Adeces destaca en su informe que la última junta general de accionistas Sacyr decidió aumentar su número de consejeros en cuatro, entre ellos una mujer.

La Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales señala, por último, que los poderes públicos deben impulsar la paridad es sus actuaciones y extenderla a través de normas porque es un criterio indispensable para promover la igualdad, el empleo femenino y el reconocimiento al avance formativo de la mujer.

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