Guatemala, 1 oct.- El Gobierno de Guatemala retiró hoy a la mitad de la fuerza policial que desde el fin de semana concentró en el departamento de Huehuetenango, en el norte del país, para controlar los violentas protestas que dejaron a un soldado fallecido, como condición de los pobladores para iniciar el diálogo.
El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo a los periodistas que "en cumplimiento a los acuerdos" pactados el lunes con los líderes de las comunidades donde se registraron los incidentes, a primera hora de este martes "fue retirada el 50 % de la fuerza policial".
El retiro de la fuerza policial fue uno de los acuerdos pactados por las autoridades y los líderes de la zona, para establecer una "mesa de diálogo" en la que se pretende arribar a "soluciones definitivas" respecto a la conflictividad que padece esa región del país, debido a la oposición de los pobladores a la explotación minera.
El Gobierno también se comprometió "no girar más órdenes de captura en contra de los vecinos que participaron en los disturbios, y éstos, por su parte, aceptaron cesar las protestas y privilegiar el diálogo como mecanismos para reducir la tensión y conflictividad en la zona.
Los incidentes, que han dejado al menos dos muertos, seis heridos, una veintena de detenidos y destrucción de vehículos y sedes de la Policía Nacional Civil (PNC), iniciaron en mayo pasado cuando comenzaron las violentas protestas de los pobladores en contra de las operaciones de la empresa Hidro Santa Cruz, de capital español, que tiene previsto instalar una hidroeléctrica en esa comunidad.
El pasado fin de semana, la detención del líder comunitario, Mynor Manuel López, quien fue capturado el sábado por supuestos delitos comunes, desató violentas protestas en la que el soldado del Ejercito, Víctor Miguelito Soria Pacheco, de 26 años, murió en un incidente aún no esclarecido.
La mesa de diálogo acordada por las partes, en la que se prevé participe el presidente del país, Otto Pérez Molina, así como el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, se prevé que sea instalada la próxima semana.
La oposición de decenas de comunidades indígenas a la explotación minera y la instalación de hidroeléctricas en sus comunidades, es según analistas locales, la principal causa de conflictividad social que padece este país centroamericano.
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