Hacendados guatemaltecos condicionan apoyo a Ley de Desarrollo Rural

Guatemala, 29 dic.- La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), que reúne a los grandes hacendados, ha condicionado su apoyo a la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, a "algunos" cambios al proyecto estancado en el Parlamento, informó hoy a Efe el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina.

"Hemos hablado con diferentes sectores, incluso con la Cámara del Agro, y todos coinciden en que necesitamos una Ley de Desarrollo Rural Integral", dijo el mandatario.

Los representantes de los poderosos terratenientes, aseguró, le manifestaron que "sí están de acuerdo de que se necesita una Ley de Desarrollo Rural", pero que tienen "que ver el contenido de esa ley" para hacerle "algunas reformas" a la iniciativa previo a ser aprobada por el Parlamento, donde está pendiente desde hace 9 años.

"Tenemos que buscar un gran acuerdo nacional (respecto) al contenido de esa ley", para que la misma sea aprobada el próximo año, argumentó Pérez Molina.

El presidente no precisó las reformas que la Cámara del Agro estaría interesada en que se le haga a la normativa, a la cual se han opuesto hasta ahora por considerar que la misma atenta contra la propiedad privada.

"Habrá ley, pero tenemos que trabajar en los cambios para que haya consenso", anotó el gobernante.

Los latifundistas, que se calcula poseen el 80 % de la tierra cultivable, se oponen a la aprobación de esa ley porque consideran que la misma pretende impulsar una "reforma agraria velada" al darle prioridad a las familias campesinas en la producción agrícola para combatir el hambre y la desnutrición que afecta a más del 52 % de los guatemaltecos.

En noviembre pasado, presionado por el sector empresarial, el Parlamento se negó a aprobar la Ley de Desarrollo Rural, a pesar de los llamamientos públicos a favor de Pérez Molina, y de las masivas manifestaciones de campesinos.

La Camagro interpuso el pasado 28 de noviembre ante la Corte de Constitucionalidad un amparo en contra del presidente del Parlamento, Gudy Rivera, para que se abstenga de promover la aprobación de la ley.

El abogado Stuardo Ralón, asesor de la Camagro, dijo a los periodistas en ese momento que el Congreso no puede ni debe aprobar esa normativa debido a que la misma ha sufrido modificaciones en más del 30 % de su contenido respecto al proyecto original, por lo que debe ser enviada a una comisión de trabajo para que emita un nuevo dictamen.

Esa normativa, discutida desde hace nueve años en más de 80 audiencias en el Congreso, busca garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y el acceso democrático a la tierra, así como desarrollar la economía de los campesinos que viven en condiciones de extrema pobreza y que carecen de recursos para subsistir.

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), una de las principales organizaciones de labriegos del país, advirtió en noviembre en un comunicado que si el Parlamento no aprueba la ley, convocará a un "levantamiento nacional".