Nueva York, 8 feb.- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó hoy a Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y a los Estados del golfo Pérsico a reconocer que la inmunidad otorgada el mes pasado al presidente yemení, Alí Abdalá Saleh, y sus colaboradores no tiene efectos jurídicos fuera de Yemen.
"Saleh tiene derecho a recibir atención médica, pero ni él ni sus colaboradores tienen derecho a gozar de inmunidad procesal por delitos internacionales", dijo hoy la investigadora de HRW para Yemen, Letta Tayler, durante la presentación en Nueva York del último informe de la organización sobre la situación en ese país.
Tayler considera que Estados Unidos, la UE y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que respaldaron el plan de transición iniciado en Yemen, deberían pronunciarse "claramente" y reconocer que "la inmunidad no tiene validez en el exterior y debería ser revocada en Yemen".
"Ninguna persona responsable de graves delitos internacionales debería poder actuar con impunidad", dijo la experta de HRW, que defendió que el derecho internacional no reconoce la amnistía en casos de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.
El plan de transición mediado por el CCG prometió reconocer a Saleh y sus colaboradores inmunidad absoluta a cambio de que el presidente transfiriera el poder, un acuerdo que Saleh suscribió en noviembre y que empezó a funcionar a finales de enero.
Por su condición de jefe de Estado, Saleh goza asimismo de inmunidad diplomática en el exterior hasta que deje el cargo formalmente el próximo 21 de febrero, algo que HRW no cree tolerable y que, según da por hecho, ha permitido al presidente llegar a Nueva York para recibir tratamiento médico.
Saleh llegó a Estados Unidos el pasado 28 de enero para ser tratado de las heridas sufridas durante un intento de asesinato el pasado año y de las que ya fue atendido en Arabia Saudí.
El político yemení, de 69 años y que llevaba 33 años al frente del país, ha señalado en varias ocasiones que tiene intención de volver a Yemen para el 21 de febrero.
"Las fuerzas del presidente Saleh dejaron cientos de civiles muertos y heridos, desalojaron a pacientes de los hospitales e impidieron que heridos de guerra recibieran atención", indicó Tayler, lo que, a su juicio, rompe todas las leyes internacionales.
El informe presentado en Nueva York lleva por título "Sin lugares seguros. Represión yemení de las protestas en Taizz" y se centra específicamente en los graves ataques contra los derechos humanos que ordenó Saleh hace un año contra uno de los principales focos de disturbios en Yemen.
"Las fuerzas de seguridad de Yemen invadieron y bombardearon hospitales, desalojaron a pacientes a punta de pistola y golpearon a médicos durante la represión de un movimiento de protesta el año pasado en la ciudad de Taizz, que dejó un saldo de al menos 120 muertos", señala HRW en su informe.
El estudio se elaboró a partir de más de 170 entrevistas con manifestantes, médicos, defensores de derechos humanos y otros testigos de ataques perpetrados en Taizz por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y bandas partidarias de Saleh entre febrero y diciembre de 2011, dice la organización.
Igualmente dice haber confirmado 120 muertes en esa ciudad, de las que 57 eran "manifestantes y transeúntes que murieron durante ataques efectuados por las fuerzas de seguridad" en protestas "mayormente pacíficas", y 63 eran civiles que murieron "en bombardeos y otros ataques perpetrados durante operativos militares contra la oposición".
De todas ellas, al menos 22 eran menores, subrayan los responsables de HRW, que en el informe detallan los pormenores de todos los ataques sobre la ciudad, entre los que destacan los perpetrados contra hospitales y barrios de población civil.
"Las fuerzas de seguridad violaron el derecho internacional al bombardear indiscriminadamente barrios con población civil. La ocupación de hospitales y el maltrato de trabajadores médicos por las fuerzas de seguridad vulneran el principio de neutralidad médica y el deber de respetar y proteger a las instalaciones y el personal médico", destaca la organización.
Yemen, el país más pobre de la península Arábiga, vive una situación de crisis y de revuelta popular contra el régimen de Saleh, quien ha ejercido el poder desde la unificación entre el norte y el sur en 1990, y quien aceptó un plan de transición que contemplaba su salida del poder y debe conducir a elecciones libres.
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