Propuesta por el gobierno del primer ministro populista Viktor Orban, la nueva legislación refuerza la posibilidad de desplegar al ejército en las fronteras y sanciona la inmigración ilegal con hasta tres años de prisión.
La nueva legislación, que fue adoptada de forma urgente con una mayoría de 140 votos contra 33, proclama el "estado de crisis", que precede al "estado de emergencia" y otorga más prerrogativas a los poderes públicos.
Con estas nuevas medidas Hungría podría condenar a penas de cárcel a las personas que intenten pasar la valla alambrada recientemente edificada en la frontera con Serbia.
"Una nueva era comenzará el 15 de septiembre", fecha en la que entrará en vigor la nueva legislación, declaró en un comunicado Orban, que reivindica el retorno a las prerrogativas nacionales en materia de inmigración en el seno de la Unión Europea.
"Si no protegemos nuestras fronteras, decenas de millones de migrantes seguirán viniendo a Europa" y un día "seremos una minoría en nuestro propio continente" dijo Orban.
Partidario de una línea dura en este caso, el dirigente reprochó a Alemania haber estimulado el fenómeno migratorio al flexibilizar su reglamentación, que el primer ministro húngaro asimila a una "falsa promesa" hecha a los migrantes.
"Alemania debería conceder visados, y entonces podríamos autorizarlos a dejar el país" precisa Orban en el comunicado.
Budapest suspendió el martes su tráfico ferroviario internacional.
Varios miles de migrantes, que desean llegar a los países ricos de Europa occidental, siguen bloqueados este viernes en las estaciones de Hungría, en particular en la de Budapest-Keleti.
Hungría se ha convertido en un lugar de tránsito de migrantes y sólo en el mes de agosto llegaron cerca de 50.000 con la intención de seguir hacia el norte, rumbo a Alemania y otros países de Europa occidental.
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