Iu denuncia que la policía mantiene las redadas étnicas

Izquierda Unida (IU) ha denunciado que se mantienen en la actualidad las redadas étnicas, una práctica con la que la Policía Nacional realiza identificaciones de ciudadanos en la calle teniendo únicamente en cuenta su raza o etnia, a pesar de las órdenes del director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, y de las advertencias de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.


Cosido dictó en mayo de 2012 una circular interna con la que prohibía expresamente a los agentes de la Policía las “actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”. La orden del máximo jefe policial también prohibía “establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía”. La Defensora del Pueblo había pedido unos meses antes la erradicación de estas prácticas.
IU ha realizado esta denuncia pública tras analizar los datos facilitados por el Gobierno, que muestran que desde mayo pasado, cuando Cosidó emitió la citada circular, han sido identificadas en España 27.107 personas, de las cuales un 53 por ciento era de origen extranjero, mientras que la población inmigrante en nuestro país se sitúa alrededor del 11,5 por ciento.
La formación sostiene además, en base a los datos facilitados por el Gobierno, que una parte muy importante de estas identificaciones públicas “van dirigidas a inmigrantes que poseen rasgos raciales muy característicos o definidos”. Así, un tercio de los cerca de 14.500 extranjeros a los que se pidió la documentación tras la circular eran africanos, concretamente 4.509, seguidos por los americanos (2.719) y los asiáticos (2.290).
Más de la mitad de los europeos no españoles a los que se requirió la documentación eran rumanos (2.824). En cambio, solo fueron identificados 116 franceses, 93 italianos y 90 británicos.
IU tiene registrada en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno del PP a la “inmediata erradicación de las redadas racistas” y se reclama una condena expresa del Parlamento a “los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los derechos humanos”.