Japón ejecuta a tres reos y reabre el debate sobre la pena de muerte

Javier Picazo Feliú

Tokio, 29 mar.- Tras dos años sin ejecuciones, Japón ajustició hoy a tres reos condenados a la pena de muerte por varios asesinatos, lo que reabrió el debate sobre esta controvertida medida apoyada, según el Gobierno, por el 85 por ciento de la población.

Los ejecutados eran todos de nacionalidad japonesa y fueron ajusticiados por ahorcamiento, el método establecido por la ley nipona, en centros de detención de Tokio, Fukuoka e Hiroshima (ambas al suroeste del país), informó el ministro japonés de Justicia, Toshio Ogawa.

"Sé que hay polémica sobre la pena de muerte, por eso estoy escuchando las opiniones a favor y en contra. Pero hasta que se resuelva el debate, tengo que cumplir mis funciones", dijo Ogawa en una multitudinaria rueda de prensa en Tokio tras las ejecuciones.

Yasutoshi Matsuda, de 44 años, había sido condenado a la pena máxima por el asesinato de dos antiguas novias en 2001; mientras que Yasuaki Uwabe, de 48 años, fue condenado por asesinar a cinco personas y causar 10 heridos al empotrar intencionadamente su coche en una galería en 1999.

Por su parte, Tomoyuki Furusawa, de 46 años, fue ejecutado por el asesinato en 2002 de su hijastro y de los padres de su mujer, de la que estaba en proceso de divorcio.

Ogawa quiso subrayar que, a pesar de que fue él quien dio la orden, la autoridad punitiva de las ejecuciones descansa en la sociedad ya que, en su opinión, "la pena de muerte se sustenta en el sistema judicial de tribunales populares, que se supone refleja la opinión pública".

El titular de Justicia, que antes de ocupar su cargo ejerció como juez, fiscal y abogado, admitió que sintió "una responsabilidad importante" antes de validar las sentencias de muerte.

Este es el segundo conjunto de ejecuciones bajo el Gobierno del Partido Democrático de Japón (PD), después del ahorcamiento de dos reos en julio de 2010 con una orden firmada por la entonces ministra de Justicia, Keiko Chiba, abogada progresista que paradójicamente era miembro de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.

Desde que llegó al poder en 2009, el PD había instaurado una moratoria no oficial de la pena capital que se interrumpió con aquellas ejecuciones, en las que estuvo presente la propia Chiba al considerar que era su responsabilidad.

La pena máxima se aplica en Japón en el mayor de los secretos, sin testigos ni aviso previo a los condenados o a las familias.

Sin embargo, un mes después de las ejecuciones de 2010, Keiko Chiba permitió a los medios de comunicación, por primera vez, visitar la cámara de ejecución para estimular el debate sobre la controvertida medida.

La exministra, que dejó su cargo en septiembre de ese mismo año, no quiso hoy hacer comentarios sobre las últimas ejecuciones, aunque sí expresó su esperanza de que sirvan para iniciar un debate nacional y ofrecer más información sobre el polémico asunto a la población, informó la agencia local Kyodo.

Japón es, junto con EE. UU., el único país industrializado y democrático que mantiene la pena capital, una condena que según la Federación de Colegios de Abogados de Japón está en vigor en 57 países y ha sido abolida por 141 Estados.

Un sondeo realizado en 2010 por el Gobierno japonés desveló que el 85,6 por ciento de los encuestados cree que la pena de muerte es algo "inevitable", lo que no impidió hoy el debate y la crítica de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), cuyo portavoz subrayó a Efe su "profundo rechazo" por las ejecuciones.

AI insistió en que la pena de muerte en el archipiélago supone "una violación de los derechos humanos", y mostró su decepción después de que hace apenas dos semanas se reunieran con Ogawa y no les informara de las inminentes ejecuciones.

Expertos como el profesor de criminología de la Universidad tokiota de Meiji, Koichi Kikuta, afirmó en declaraciones recogidas por Kyodo que Ogawa "ha cometido un gran error" y tachó de "arrogante" pensar que dar la orden es parte de sus obligaciones como ministro.

Por otro lado, Takeshi Tsuchimoto, antiguo integrante de la Fiscalía del Estado, se mostró partidario de que Japón mantenga este castigo, aunque consideró debe divulgar más información sobre las condiciones de los reclusos para facilitar la comprensión social.

Según datos de AI, en 2011 se produjeron 676 ejecuciones, a pesar de que el número de países que aplican la pena de muerte se ha reducido en más de un tercio en diez años.

Estas cifras no incluyen las de China, que mantiene esos datos en secreto y en donde se cree que miles de personas fueron ajusticiadas.