Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, se ha mostrado "muy feliz" con el indulto parcial concedido por el Gobierno y ha anunciado que, dado que la medida de gracia supone un "enorme refuerzo" para sus pretensiones, pedirá que se suspenda la pena de prisión pendiente. "Si el juez fuese razonable, lo normal sería que se suspendiera la ejecución de los diez meses de prisión que restan por cumplir, (ya ha cumplido cinco)", ha dicho el letrado de Rivas, que se encuentra en un Centro de Inserción Social (CIS) de Granada por un delito de sustracción de menores al no haber entregado a sus hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri.
Según Aránguez, que ha destacado que el indulto elimina también la pena de inhabilitación para la patria potestad de sus hijos, la medida de gracia otorgada deja además "las manos libres" a Juana Rivas para poder "seguir luchando" por estos menores. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el indulto parcial para Juana Rivas, la mujer de Granada que en 2018 fue condenada a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de sus dos hijos menores, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Esta decisión se produce dos semanas después de que el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión. El Supremo reconoció que existía división en esta materia. En concreto, ocho de sus magistrados apoyan el indulto parcial para Rivas, mientras que otros ocho, entre los que se incluye el presidente de la Sala, Manuel Marchena, se oponen.
Los primeros hacer referencia para explicar su postura al "interés superior del menor", a la condena a la expareja de Rivas y padre de los niños por un delito de lesiones en el ámbito familiar o a declaraciones realizadas por el hijo mayor de la pareja en sede judicial en las que "manifiesta su deseo de vivir con la madre y los malos tratos del padre".
Los segundos creen que si esta medida de gracia se administra "sin atender a circunstancias verdaderamente distintivas, relacionadas desde luego con criterios de equidad", se vería afectada "la generalidad de la norma y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos".
