Jueces y fiscales convocan huelga para el 20 de febrero porque los políticos se quieren “blindar”

Cinco asociaciones de jueces y fiscales -entre los que no están ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ni la Asociación de Fiscales (AF)- anunciaron hoy que irán a la huelga el próximo 20 de febrero.
La decisión fue tomada por la llamada Comisión Asociativa de Jueces y Fiscales, que se reunió esta tarde en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.
De este encuentro salió la decisión de ir a la huelga el próximo 20 de febrero para protestar por el “grave quebranto” que, según los convocantes, el Gobierno está causando a la Justicia con los recortes, las tasas judiciales e iniciativas legales que cuestionan la división de poderes.
El paro es respaldado por la asociación judicial Francisco de Vitoria (FV); Jueces para la Democracia (JpD); Foro Judicial Independiente (FJI); Unión Progresista de Fiscales (UPF); y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
De la convocatoria del 20 de febrero se descolgaron la APM y la AF, que individualmente son mayoritarias en cada uno de sus colectivos profesionales.
No obstante, Joaquim Bosch, portavoz de JpD, sostuvo que consideran que representan a una mayoría de jueces y fiscales, puesto que creen tener el apoyo de estos funcionarios “en su conjunto” y de los no asociados, lo que da a la protesta de finales de mes “plena legitimidad”.
A este respecto, los convocantes aseguraron que están dispuestos a desconvocar la huelga si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se sienta a negociar. Destacaron que para esto hay un plazo de diez días, que es el tiempo del pre-aviso del paro.
“CRISIS INSTITUCIONAL”
Respecto a los motivos de la huelga, José Luis González Armengol, portavoz de la FV, dijo que esta convocatoria no es una medida “grata”, pero dijo que ha sido necesario adoptarla por el “grave quebranto” al que la Justicia está siendo sometida por el Ejecutivo.
Según González Armengol, el Gobierno está poniendo en duda la separación de poderes con sus iniciativas legales, que atribuyó a que los políticos se quieren “blindar” frente a la acción de los tribunales. Al mismo tiempo, aludió a las tasas y a los recortes como decisiones que debilitan al Poder Judicial para hacer desafíos como la corrupción.
Por su parte, Joaquim Bosch, de JpD, aludió a que el Gobierno quiere dejar sin funciones a órganos como el CGPJ, algo que dijo debe rechazarse ante la “grave crisis institucional” que vive España.
Bosch argumentó que hace falta un Poder Judicial “fuerte” para hacer frente a los “graves casos de corrupción” a los que se enfrenta la sociedad española. Asimismo, este portavoz aludió como motivos de la huelga el “uso abusivo de los indultos” por parte del Gobierno y que se pretende “privatizar” el Registro Civil.
A su vez, María Moretó, de la UPF, se refirió a que la reforma del Código Penal que prepara el Ejecutivo colapsará la jurisdicción penal, ya que elimina las faltas y las sustituye por delitos leves.