Justicia paraguaya pide que empresa brasileña cese tala por falta de licencia

Asunción, 7 oct.- El Tribunal de Cuentas de Paraguay ha instado al Gobierno a que informe de las medidas tomadas para evitar que la empresa brasileña Yaguareté Porá desforeste en la región del Chaco, donde comunidades indígenas la acusan de destruir el bosque y poner en riesgo al último pueblo aislado fuera de la Amazonía.

En un exhorto emitido el pasado 26 de septiembre, al que tuvo acceso Efe, esa corte le dio diez días a la Secretaría del Ambiente (SEAM) y al Instituto Forestal Nacional (Infona) para que le confirme que ha informado a la compañía ganadera de que su licencia ambiental está suspendida.

"Debe cesar todo trabajo que implique innovar o desforestar el inmueble" de su propiedad, asevera ese Tribunal, que también pide a ambos organismos que le comuniquen qué medidas han tomado para que se cumpla esa prohibición.

El mes pasado, la SEAM aseguró en un escrito remitido a Efe que no puede actuar contra la empresa "porque el caso está judicializado y una jueza ha ordenado 'no innovar acciones' y permitir a la firma proseguir los trabajos".

La institución se refiere a la jueza de la ciudad de Puerto Casado Luz Marizza Cardús, ante la que la empresa inició una acción legal paralela a la que se sigue en el Tribunal de Cuentas.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió recientemente a esa jueza por hechos punibles en la tramitación de expedientes.

Los abogados de los indígenas argumentan que ese juzgado local no era competente para ver el caso y que se debió trasladar a Asunción, donde está ubicada la sede de la SEAM.

Esa Secretaría aseguró a Efe que la licencia ambiental fue otorgada a la empresa "mucho antes de esta administración". Sin embargo, la propia SEAM la renovó en octubre de 2013, bajo el actual mandato del presidente Horacio Cartes.

Yaguareté Porá posee 78.500 hectáreas en la zona, que los indígenas ayoreo totobiegosode consideran parte de su territorio ancestral.

La comunidad acusa a la empresa de deforestar su finca e incluso de talar ilegalmente en la reserva natural titulada a nombre de los indígenas.

La organización no gubernamental GAT afirma que imágenes de satélite demuestran que la compañía brasileña ha destruido entre abril y septiembre de este año unas 4.000 hectáreas de bosques nativos.

Los indígenas recalcan que la deforestación no solo pone en peligro el ecosistema único del Chaco Boreal, sino la supervivencia de los ayoreo totobiegosode que rehusaron salir del bosque y el contacto con la civilización occidental.

Son un grupo nómada que se dedica a la caza y la recolección. Se trata de un caso único en América, pues es el último pueblo indígena fuera de la Amazonía que vive sin contacto con el exterior.

Los totobiegosode que sí tienen contacto luchan por preservar la vegetación y fauna de las 150.000 hectáreas que han logrado que el Estado titule a su nombre tras más de dos décadas de lucha jurídica, que mantienen para reclamar otras 400.000 hectáreas.

Según estudios antropológicos, los ayoreo ocupaban tradicionalmente casi 2,8 millones de hectáreas que se extendían del sur de Bolivia a toda la región chaqueña de Paraguay.

Tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) sus tierras comenzaron a ser vendidas por el Gobierno con ellos dentro, como continuó sucediendo durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La empresa originalmente argentina Carlos Casado S.A., ahora de capital español, posee también los títulos de propiedad de buena parte de ese territorio ancestral.

Pero la porción en manos de Yaguareté Porá es la que más preocupa a los indígenas y ONG pues aseguran que "está talando a un ritmo alarmante, antes de que efectivamente el Estado cumpla la ley y le prohíba seguir haciéndolo", dijo a Efe Jorge Vera, de GAT.

Según los últimos datos disponibles de la SEAM, el Chaco paraguayo perdió 117.891 hectáreas de bosque entre agosto de 2013 y el pasado enero.