La defensora del pueblo no llevará al constitucional la prohibición de los toros en cataluña

La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha renunciado a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, aprobada por este Parlamento autonómico el pasado mes de julio.
Fuentes de la Defensora del Pueblo confirmaron este jueves a Servimedia que Cava de Llano tenía de plazo hasta el próximo sábado, 6 de noviembre, para recurrir la prohibición de las corridas de toros en Cataluña mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, esta institución ha rehusado llevar al Tribunal Constitucional esta ley catalana porque "no se han visto motivos" para presentar el recurso.
Cava de Llano recibió dos informes de la Mesa del Toro, uno de ellos sobre la viabilidad jurídica del recurso de inconstitucionalidad y otro, elaborado por el Tribunal de Garantías Estatutarias de Cataluña, mostraba una resolución favorable a la presentación del recurso de inconstitucionalidad.
De esta forma, la Defensora del Pueblo ha renunciado a seguir el camino del PP, que presentó el pasado jueves su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, firmado por 50 senadores populares.
El pasado 28 de julio, el Parlamento catalán aprobó una modificación de la Ley de Protección de los Animales en Cataluña, que prohíbe las corridas de toros a partir del 1 de enero de 2012.
La norma añade al capítulo de prohibiciones las corridas de toros y los espectáculos taurinos que incluyan "la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque".
Con ello, estos espectáculos se equiparan a las peleas de perros, las peleas de gallos, las matanzas públicas de animales, las atracciones de feria giratorias con animales vivos atados y el tiro al pichón.
Por otro lado, el Gobierno catalán debe determinar el importe de la compensación económica para las personas perjudicadas por esta decisión en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley.