La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados el informe anual de su papel como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual recoge la "preocupación" de la institución por los cacheos y registros, las sanciones disciplinarias y la generalizada falta de abogados de oficio en los centros de menores infractores.
En las conclusiones del informe titulado 'La escucha del menor, víctima o testigo', se habla de cuatro ideas fundamentales. En primer término, que el menor se exprese "libremente", seguido de que cuente con información para hacerlo, que la audiencia se produzca en un "entorno amigable" y que lo que diga "sea tomado en consideración".
La Defensora también realiza una serie de recomendaciones. En primer lugar, al Consejo General del Poder Judicial, entre otras instituciones, que se lleven a cabo programas de formación con motivo de la publicación del nuevo Estatuto de la víctima (Ley 4/2015), con "especial atención a la víctima menor de edad, atendiendo a cuestiones como los nuevos derechos, forma de efectuar la declaración, motivación de las resoluciones y cualesquiera otros aspectos que fomenten la adecuada escucha del menor en el proceso penal".
La segunda recomendación a la que se refiere la institución que ostenta Soledad Becerril es en materia de medios personales y materiales, con el propósito de que se adopten las "medidas necesarias para disminuir el impacto emocional que supone para el menor tener que acudir al juzgado, teniendo en cuenta a estos efectos experiencias de países de nuestro entorno cultural en los que la toma de declaración se realiza en ludotecas o espacios infantiles", según señala el informe.Reforzar las oficinas de asistencia a menores
La institución recomienda "dotar a todos los edificios judiciales" en que se lleven a cabo juicios orales de naturaleza penal, "sistemas de videoconferencia en una sala específica y distinta a la de vistas, de modo que el menor víctima o testigo de un delito, en el supuesto de que por no haberse preconstituido la prueba o por otras razones deba declarar en el juicio, lo haga por videoconferencia desde esa sala específica".
Es necesario además crear nuevas oficinas de asistencia a las víctimas en el territorio de su jurisdicción, o al menos, "reforzar las existentes dotándoles de mayores medios personales y materiales para unóptimo funcionamiento y respuesta a las necesidades sociales".
Por otra parte, se habla de la necesidad de tomar "medidas para que los miembros de los equipos psicosociales se turnen en la realización de las guardias como el resto del personal del juzgado, todo ello en defensa del superior interés del menor víctima o testigo en un proceso penal".
También se habla de "proponer la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, correspondiente al ámbito territorial de su competencia, de las partidas necesarias para la plena satisfacción de los derechos de los menores víctimas de delitos, establecidos en el Estatuto de la víctima".Identidad de los menores víctimas de delito
La institución propone a la Fiscalía General del Estado, "adoptar las iniciativas necesarias para evitar el conocimiento público de la identidad de los menores víctimas de delito en los procesos penales, tanto en la instrucción como en el juicio".
Otra de las recomendaciones del Defensor es la necesidad de poner en marcha medidas para que "en todos los casos se procure evitar la confrontación visual de los menores testigos de delitos con el inculpado".
Al Ministerio de Justicia pide que se fomenten campañas de sensibilización social a favor de los derechos de los menores, además de impular la reforma del artículo 7 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual para la escucha del menr.
Otro motivo de preocupación del MNP, es que, con "carácter general", los abogados de oficio no visitan a los menores durante el tiempo en el que se encuentran cumpliendo estas medidas, lo que debería subsanarse".
Por otra parte, "preocupan" los registros personales, de ropa, enseres y dependencias de los menores, por lo que se considera en el informe que es necesario "recordar que estos se ajusten a las previsiones legales y reglamentarias" con el fin de que no se produzcan acciones vulneradoras del derecho a la intimidad personal.
En aquellos casos "en los que se estime necesaria la práctica de un registro con desnudo, es necesaria la autorización previa del director del centro y la comunicación con anterioridad a su práctica al juez de menores de guardia, al fiscal de guardia, con explicación de las razones que aconsejan dicho registro y comunicando el resultado a la autoridad judicial", reza el informe.Un régimen disciplinario... pero con dignidad
Así, plantea que el régimen disciplinario de los menores "debe estar dirigido a garantizar su dignidad sin que, en ningún caso, se les pueda privar de sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria, comunicaciones y visitas, previstos legalmente, ni restringirse o denegarse a los menores los contactos con el mundo exterior como medida disciplinaria".
En el informe también se habla de que todos los centros deberían contar con "protocolos de utilización simultánea de medios de utilización simultánea de medios de contención, como la contención física o farmacológica, la sujeción mecánica y el aislamiento provisional" para determinar "minuciosamente la forma de actuar del personal en estos casos".
El Defensor solicita además que se habilite un libro de registro en el que queden reflejados "todos los expedientes disciplinarios" y que las resoluciones de los mismos vayan firmadas por el menor.
La institución también indica que en los centros de menores "no siempre se cumple" el plazo legal exigible de que todos los menores pasen un reconocimiento médico en las primeras 24 horas de su entrada en el mismo.
Por último, considera "imprescindible" que los menores puedan realizar quejas y peticiones por escrito ya sea a la dirección del centro, a las autoridades o al propio Defensor del Pueblo, así como "disponer de información" sobre la posibilidad de interponer un procedimiento de habeas corpus -detención ilegal-, que garantice que su internamiento es legal y respeta sus derechos fundamentales.
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