La fiscalía de la audiencia insta la entrega del militar ruandés reclamado por la justicia española por delito de terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado al juez Fernando Andreu para que reclame la entrega a la justicia española del militar ruandés Emmanuel Karenzi Karake, detenido este lunes en Londres y reclamado por delito de terrorismo, al considerarle coautor de la matanza perpetrada en ese país en la que murieron nueve españoles.
En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acusó a Karake y a otros 40 altos y exaltos cargos militares de Ruanda por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo.
Para once de ellos los cargos fueron sobreseídos, pero la causa continúa viva para otros 29 a los que se acusa de terrorismo, uno de los delitos que continúa siendo perseguible por los tribunales españoles fuera de las fronteras nacionales, tras la reforma de la justicia universal impulsada por el Gobierno del PP. Fuentes jurídicas indicaron que la causa está recurrida ante el Tribunal Supremo por una de las acusaciones.
Las fuerzas de seguridad de Reino Unido arrestaron este lunes en Londres a Karenzi Karake, reclamado en España por genocidio y crímenes de guerra, así como por el asesinato de tres cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo.
Según ha informado la cadena de televisión británica BBC, Scotland Yard ha confirmado que Karake, de 54 años de edad, ha sido detenido según una orden de arresto europea, al tiempo que ha apuntado que permanecerá bajo custodia hasta el 25 de junio.
En su auto de procesamiento, el juez Andreu indicó que en la década de los noventa más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas". Las víctimas fueron en su mayoría hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.
Entre las víctimas del genocidio se encuentran nueve españoles, víctimas de las matanzas que se realizaron desde 1994 hasta el año 2000. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos que sufrían los desplazados de guerra", especifica el auto.
Seis de las víctimas eran religiosos y otras tres trabajaban para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político-militar Ejército Patriótico Ruandés/Frente Patriótico Ruandés.