La generalitat valenciana saluda el fallo del tribunal europeo que avala su política urbanística

La Generalitat Valenciana se felicitó este jueves por la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que desestima el recurso de la Comisión Europea y la Eurocámara contra la legislación urbanística valenciana y obliga a la Comisión Europea, además, al pago de las costas.
El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente en funciones, Juan Cotino, aplaudió el “final de siete años de persecución contra la Comunitat Valenciana, el presidente Camps y el urbanismo valenciano”,
“Por fin el máximo tribunal europeo ha dado la razón al Gobierno Valenciano y ha puesto de manifiesto que el urbanismo valenciano se ajusta a derecho y cumple escrupulosamente con la legislación vigente”, explica en una nota el vicepresidente tercero.
Cotino subraya que la “persecución que ha sufrido el urbanismo valenciano y el conjunto de la Comunitat, de la que es directamente responsable el PSPV-PSOE, ha podido apreciarse en cientos de titulares de la prensa nacional y extranjera, lo que ha provocado un grave deterioro de la imagen de la Comunitat Valenciana en el exterior y, en consecuencia, una pérdida de inversiones y puestos de trabajo que han dejado de generarse”.
“Incluso la campaña de acoso y derribo ha puesto en juego el acceso a los fondos europeos de la Comunitat y de España”, añade Cotino.
El conseller ha citado las “críticas inadmisibles a nuestro urbanismo” vertidas por el actual concejal del Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y el eurodiputado del PSOE, Andrés Perelló y otros líderes políticos de Compromís y Esquerra Unida que se han sumado a la campaña contra la región.
En noviembre de 2004 comienzan las primeras críticas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que en marzo de 2005 la Comisión Europea lleva al TUE iniciando el procedimiento de infracción.
En junio de 2007 la CE decide demandar al Reino de España por el incumplimiento de la normativa en materia de contratos públicos, única vía que la CE admitió a trámite tras rechazar las denuncias contra la ubicación geográfica de los proyectos, su impacto sobre el medio ambiente, las indemnizaciones por la expropiación de terrenos, entre otros temas.
Además, en julio de 2008 se inició el contencioso y en septiembre de 2010 se publicó las conclusiones del Abogado General del TUE, que ya daba la razón a la Comunitat Valenciana y ahora se conoce la sentencia definitiva, contra la que no cabe recurso.