La decisión del Gobierno de elevar el consumo de biocarburante al 7% a partir del 7 de marzo para frenar la dependencia del petróleo encalla en una contradicción de peso. España importó en 2010 cerca de 825.000 toneladas de biodiésel, el 61% del consumo nacional en ese periodo, según denuncian los productores españoles.
El biodiésel español viene denunciando que se ahoga por la competencia desleal de biodiésel procedente de Argentina y de Indonesia. Tanto, que la mayoría de las 48 plantas que operan en España están paradas o abocadas al cierre. El problema es el sistema de tasas diferenciales a la exportación que aplican estos dos países y que dejan al sector nacional fuera de juego.
El gobierno argentino grava desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32%, mientras que el biodiésel producido con esta materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el Gobierno indonesio grava la exportación del aceite de palma con anatasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%.
La vuelta de tuerca fiscal permite sitúa a estos países en una posición de ventaja competitiva que el sector español juzga desleal y que les está permitiendo incluso exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el resto de países de las materias primas que estos utilizan.
El sector ahora reclama que el Gobierno desbloquee una orden ministerial que está congelada desde octubre en Industria y que prevé "evitar importaciones desleales de biocarburantes, apoyar la sostenibilidad económica del sector e impulsar la producción de las plantas españolas".
De aprobarse, la medida seguiría el camino trazado por Francia, Bélgica o Grecia, donde el biodiésel europeo está gravado con un tipo fiscal reducido, "permitiéndoles desarrollar una industria nacional de biodiésel", explica Manuel Bustos, director de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa).
El nuevo objetivo de biocarburantes del 7% establecido por el Gobierno coincide con el que el sector reclama desde hace años y que el Ejecutivo ya había previsto en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 2008.
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