La indignación por la carestía de la vida generó la mayor protesta de Israel

Daniela Brik

Jerusalén, 7 dic.- El descontento por la carestía de la vida en Israel derivó este verano en un gran movimiento social que llevó a la mayor protesta de la historia del país y puso contra las cuerdas al Gobierno, obligado a prometer reformas que aún están pendientes de aplicación.

A principios de septiembre unas 450.000 personas protagonizaron la mayor manifestación en un país de 7,5 millones de habitantes, aglutinando a amplios sectores de la sociedad israelí descontentos con los elevados precios de la vivienda o de productos básicos que no pueden afrontar.

Unas veinte localidades del país participaron en la convocatoria, que tuvo su epicentro en Tel Aviv, con 300.000 concentrados, seguida por Jerusalén con 50.000 y Haifa con 35.000.

"El pueblo exige justicia social", fue el himno coreado por la multitud que participó en las manifestaciones, punto culminante de un movimiento de indignados que se inició en julio con acampadas en varias ciudades.

Lo que comenzó como una acción solidaria con una estudiante desalojada de su apartamento y que acampó en el céntrico Bulevar Rothschild de Tel Aviv, se convirtió en una multitudinaria protesta con miles de tiendas a lo largo y ancho del país, reuniones asamblearias y una corriente que por primera vez plantó cara al sistema vigente en materia de bienestar.

En un primer momento, jóvenes estudiantes universitarios fueron los impulsores de las protestas, aunque no tardaron en sumarse indignados de toda índole, sobre todo individuos de clase media que se consideran "nuevos pobres".

A diferencia de otros movimientos sociales en Europa o EEUU, donde el paro fue un catalizador importante de las movilizaciones, en el caso israelí muchos de los indignados son profesionales cualificados con trabajo y salarios decentes, que se ven imposibilitados de adquirir una vivienda en urbes como Tel Aviv o Jerusalén, donde los precios se han disparado en los últimos años.

Según estadísticas de 2010, un tercio de los apartamentos que cambiaron de manos en Israel fueron comprados como inversión, adquiridos generalmente por judíos residentes en el extranjero, a lo que se suma un parque inmobiliario para el alquiler compuesto por pisos viejos, mal conservados y contratos cortoplacistas sometidos a pronunciadas subidas anuales.

Además, diversos estudios indican que Israel es el país más caro del mundo en comida, comunicaciones y otros artículos.

A las movilizaciones se sumaron médicos y residentes en huelga por la precariedad laboral, padres en protesta contra los excesivos precios de productos para bebés o ganaderos que denunciaron una propuesta de reforma del mercado de los lácteos.

La conocida como "guerra del requesón" a principios del verano, un boicot popular contra el elevado precio de este producto considerado básico en Israel, fue la primera muestra del descontento popular y de que la acción conjunta podía dar sus frutos.

Como en las revoluciones en el mundo árabe, las redes sociales se convirtieron en el vehículo de los indignados israelíes para compartir ideas y difundir iniciativas.

La clase media laica percibe que -a pesar de trabajar, servir en el Ejército y pagar elevados impuestos (algo que no hacen otros colectivos como ultra-ortodoxos o árabes)- el aumento de los precios y el estancamiento salarial terminan por ahogarla.

Los campamentos de indignados fueron desmantelados por las autoridades a principios de septiembre, aunque quedan algunos resquicios en ciudades como en Jerusalén.

Y ya en octubre, el Gobierno aprobó un paquete de reformas elaboradas por la Comisión Trajtenberg, creada a instancias del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para hacer frente a las inquietudes sociales.

Entre sus propuestas, recortar en 3.000 millones de shekels (600 millones de euros) el presupuesto de Defensa y equipararlo al de Educación en 2015, imponer fuertes multas a quienes mantengan apartamentos vacíos durante largos períodos, regulaciones para romper oligopolios, así como aumentar impuestos a las rentas más altas y sobre los beneficios de capital.

Sin embargo, los representantes de los indignados consideraron las medidas insuficientes al no proponer cambios estructurales, sino un mero replanteamiento de determinadas políticas presupuestarias, fiscales o sociales.