La ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en castilla y león movilizará 155 millones al año

VALLADOLID, 28 (SERVIMEDIA/ICAL)

La futura ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad movilizará 155 millones de euros al año de los presupuestos de la Junta de Castilla y León para poner en marcha una doble estrategia que lucha contra la discriminación y promueva la accesibilidad universal. Para ello, se ejecutará un plan estratégico que guiará las actuaciones, que estarán marcadas por la transversalidad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, explicó este jueves que el Consejo de Gobierno aprobó este proyecto de ley que será remitido el viernes a las Cortes de Castilla y León para que inicie su tramitación parlamentaria a partir del próximo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre.
De esta forma, se cumple el compromiso de legislatura asumido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El texto legal garantiza acciones positivas para que este colectivo logre hacer efectivo su derecho a la igualdad. Este anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, amplía el concepto de persona con discapacidad a las familias y a las personas en riesgo de serlo, al tiempo que, según Marcos, da al tercer sector "una vuelta de tuerca" y se afianza y se exige su participación en todos los órganos en relación a este colectivo.
Entre las ventajas principales de esta nueva normativa, la consejera incidió en que ofrece la garantía de atención individualizada con proyectos individuales de inserción y autonomía personal, incluye la garantía de derecho para todas las personas con dicacapcidad a través de medidas que le permitan ejercer esa igualdad de oportunidades y, en tercer lugar, la participación y colaboración del tercer sector en la atención a este colectivo.
Este texto legal ofrecerá una ley “integral y transversal” a las más de 161.000 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3 por ciento de la población castellana y leonesa-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla. Requerirá de un desembolso anual de 119,4 millones de Familia; 21,4 millones de Economía y Empleo; 9,3, de Sanidad; cuatro, de Educación, y 0,9, del resto de departamentos del Gobierno autonómico.
El proyecto de ley, que consta de 76 artículos, no pretende reconocer derechos diferentes para las personas con discapacidad, sino aglutinar en una norma autonómica todos los derechos establecidos a nivel internacional, nacional o autonómico, y lograr que todos ellos tengan pleno efecto a lo largo del ciclo vital, mediante acciones positivas y un sistema de apoyos y medios específicos para lograr su máxima autonomía personal, su integración sociolaboral, su participación en la sociedad y, en consecuencia, su mayor calidad de vida.
DOBLE ESTRATEGIA
Para ello, establece una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas de actuación: salud, educación y formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Para lograr la planificación coordinada de las actuaciones, la Junta se dotará de un plan estratégico.
La nueva norma establece medidas de acción positiva en el ámbito de la salud, la formación, el empleo o los servicios sociales, así como actuaciones contra la discriminación, de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.
Contempla una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Además, prevé actuaciones para promover la salud, prevenir la discapacidad, detectar las situaciones que comportan discapacidades y asegurar la asistencia sanitaria, con especial énfasis en el medio rural.
También, plantea una atención educativa específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, autonomía personal, participación y desarrollo en el entorno familiar y comunitario. Además, recoge mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo.
Asimismo, potenciará la integración en todos los niveles y etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad.
La ley recoge también la elaboración de un programa integral de empleo, que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales. También, incluye planes de igualdad para las personas con discapacidad en las empresas, que establece medidas de fomento especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo.
Los niños con discapacidad o con riesgo de padecerla contarán con atención temprana, que comprenderá como mínimo la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de casos. Se apoyará a las personas con discapacidad sobrevenida y las familias y personas cuidadoras recibirán apoyo. Además se impulsarán medidas que favorezcan la conciliación en las familias en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad.
Otra de las medidas incluidas en el texto legal tiene que ver con actividades de sensibilización e información dirigidas a la transformación cultural del conjunto de la sociedad castellana y leonesa en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Además, se luchará contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas discriminatorias, y se promoverá la igualdad de las personas con discapacidad en los medios de comunicación social.
La Junta de Castilla y León ha apoyado desde 2007 a 2011 la creación de 921 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Además, la Comunidad dispone de una red para personas con discapacidad formada por 489 centros -308 residencias y viviendas y 181 centros ocupacionales y de día- que ofrecen 14.437 plazas -5.924 en residencias y 8.513 en centros ocupacionales y de día-. Esta oferta se ha incrementado en un 21 por ciento respecto a 2007, es decir 2.519 plazas más -1.032 en residencias y 1.487 en centros ocupacionales o de día.