Madrid, 19 mar.- La muerte en un hospital de Vitoria de una niña de tres años y medio de La Puebla de Arganzón, en el condado de Treviño (Burgos), ha vuelto a poner de actualidad la manera en la que se prestan servicios como la Sanidad en las poblaciones situadas en los límites de dos comunidades autónomas.
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco está investigando si, como asegura el diario El Correo, los padres de la niña pidieron una ambulancia para trasladar a su hija a Vitoria (a 17 kilómetros), donde había sido atendida previamente de varicela, pero se les dijo que debían llamar a Miranda de Ebro (Burgos), extremo que ha negado el consejero vasco de Salud, Jon Darpón.
Finalmente los padres llevaron por sus propios medios a la niña a la capital alavesa, donde falleció tras agravarse su enfermedad.
Haya sido estrictamente una mala valoración médica o la fatídica complicación de la enfermedad de la niña, resulta inevitable que se vuelva a plantear si esas situaciones "fronterizas" están bien resueltas.
Aunque en circunstancias no tan dramáticas, no es la primera ocasión en la que surgen dudas en la prestación de servicios sanitarios a ciudadanos de localidades que, por su ubicación geográfica, tienen más cerca los hospitales de comunidades autónomas vecinas que los de la propia.
De acuerdo con los datos recabados por las delegaciones nacionales de EFE, en 2011, con la crisis económica en su punto más álgido, se multiplicaron los problemas: La Rioja con el País Vasco y Navarra, Cataluña con Aragón...
En septiembre de aquel año el gobierno de La Rioja decidió dejar de prestar atención sanitaria primaria y especializada -se mantuvieron las urgencias- a vascos y navarros de localidades limítrofes a Logroño, especialmente Oyón (Álava) y Viana (Navarra), hasta que las comunidades vecinas no ofreciesen una compensación económica.
Durante tres meses, los habitantes de Oyón se quedaron sin poder acudir al especialista, que tenían a 6 kilómetros, en la capital riojana, y se les presentó como alternativa recorrer los 60 que les separan de Vitoria que, además, transcurren por sinuosas carreteras comarcales.
La asistencia se reanudó en diciembre de 2011, pero no quedó definitivamente zanjado hasta que los gobiernos riojano y vasco (ya con el PNV en el poder) firmaron un acuerdo de colaboración.
También por entonces cobraron actualidad las quejas de los habitantes de La Franja de Huesca en municipios limítrofes con la provincia de Lleida, en Cataluña.
La Generalitat cifró entonces en unos diez millones de euros anuales el coste de la atención sanitaria prestada en Cataluña a pacientes de otras comunidades, sobre todo aragoneses.
Ambos gobiernos resolvieron la cuestión con la firma de un convenio que, de hecho, Aragón mantiene también con el resto de las comunidades vecinas, Navarra, Valencia, la Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
En este último caso, el conflicto se había planteado con los habitantes de municipios de Guadalajara próximos a Teruel, a quienes se ofrecía la alternativa de ser tratados en la más lejana Ciudad Real para ser atendidos en su propia comunidad.
Otro ejemplo: desde 2010, Asturias y Castilla y León tienen un convenio de colaboración para asistencia sanitaria "urgente" a poblaciones limítrofes de Picos de Europa, acuerdo que beneficia principalmente a los más de 600 vecinos de las localidades leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, que pueden ser atendidos en el hospital asturiano de Arriondas, del que distan 27 y 35 kilómetros, respectivamente, frente a 118 y 122 respecto a León.
A finales de la década de los noventa, en ambos municipios leoneses hubo algunas protestas y amenazas de anexionarse a Asturias ante la falta de atención sanitaria por parte de León e incluso el fallecimiento de algún paciente que algunos vecinos pensaban que podría haberse evitado.
También Cantabria mantiene diversos acuerdos con comunidades limítrofes para la asistencia sanitaria especializada y cuenta con su propio enclave en el País Vasco, el municipio del Valle de Villaverde, para el que existe un convenio específico con Euskadi para el transporte urgente de pacientes.
Estos y otros casos llegaron al consejo interterritorial de Sanidad de febrero de 2012 en medio de unánimes exigencias del sector, como la Organización Médica Colegial, el Consejo General de Enfermería y el Foro Español de Pacientes, para que se llegara a un acuerdo global para toda España que impidiera lo que el máximo responsable de los médicos, Juan José Rodríguez Sendín, calificó entonces de "disparate absoluto".
El Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas trataron el asunto en una reunión en la que se habló de la posibilidad de crear un fondo estatal para compensar a aquellas comunidades que se sintieran negativamente afectadas por el exceso de pacientes.
Finalmente, la solución ha pasado por los convenios bilaterales de colaboración entre comunidades autónomas, que tienen suscritos la inmensa mayoría de ellas y con los que parece haberse resuelto la conflictividad.
Ahora, tras la muerte de la pequeña en Vitoria y con el conflicto sobre a qué comunidad debe pertenecer el Condado de Treviño de por medio, se investiga si este triste caso guarda realmente relación con un conflicto sanitario o es una desafortunada tragedia familiar.
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