La nueva ley israelí permite encarcelar a los inmigrantes ilegales sin juicio

Jerusalén, 10 ene.- El Parlamento israelí (Kneset) aprobó esta madrugada una controvertida ley que permitirá encarcelar hasta tres años sin juicio a los inmigrantes ilegales y solicitantes del estatus de refugiado.

La nueva norma, cuyo objetivo es el de reducir el flujo de inmigrantes ilegales procedentes del áfrica subsahariana, fue aprobada por una mayoría de 67 votos a favor y 8 en contra y extiende el periodo durante el que las autoridades pueden mantener bajo custodia a los sin papeles que no puede deportar de los actuales 60 días a tres años.

También impone penas de cárcel de hasta 15 años a quienes ayuden o den cobijo a inmigrantes ilegales que hayan participado en actividades delictivas.

La ley cuenta con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los miembros de la coalición gubernamental, aunque ha sido duramente contestada por los partidos de la oposición, lo que prolongó su debate parlamentario hasta altas horas de la madrugada de hoy, informa el diario Jerusalem Post en su versión digital.

Según el rotativo, William Tal, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (UNHCR), envió recientemente una carta al presidente del Parlamento en la que le advertía que la legislación propuesta podía ser contraria a los compromisos de respeto a los derechos humanos firmados por Israel y, en concreto, a la Convención de la ONU para los Refugiados.

El diputado Dov Jenin, del izquierdista Hadash, calificó la ley de "peligrosa, inmoral, inconstitucional y contraria a la dignidad humana y la libertad".

El derechista Likud que encabeza Netanyahu entiende, sin embargo, que la norma es necesaria para disminuir la infiltración ilegal africana desde la península del Sinaí (Egipto) a su territorio, que considera un riesgo existencial para el Estado judío.

El ministro de Interior israelí, Eli Yishai, asegura que más de 30.000 inmigrantes africanos (la mayoría de Eritrea y Sudán) han entrado clandestinamente por el sur del país (donde ahora se construye una verja de seguridad para evitarlo) y calcula que, en los dos próximos años, otros 70.000 podrían hacerlo de ese modo.