La reforma educativa llega hoy al consejo de ministros, siete días después de lo previsto

El Gobierno aprobará previsiblemente este viernes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que de este modo podrá iniciar al fin su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. El Ejecutivo dará así luz verde a la norma una semana después del día previsto inicialmente, el 10 de mayo, justo 24 horas después de la huelga general que sindicatos, padres y estudiantes convocaron el día 9 en su contra.

Según Educación, este retraso se debió solo a la necesidad de estudio de algunos "detalles técnicos", referidos por ejemplo a la memoria económica, y al análisis de ciertas recomendaciones que el Consejo de Estado hizo en su dictamen respecto a la ley. Sin embargo, los promotores de la huelga entendieron este gesto como una "victoria" y vieron en él "una prueba de su éxito".

Desde el Ministerio insisten en que los puntos fundamentales de la Lomce se mantienen sin cambios. Entre estos figura la conversión de 4º de ESO en un curso de iniciación con dos itinerarios (uno de carácter académico orientado al Bachillerato y otro más práctico, dirigido hacia la formación Profesional), y la sustitución de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) por una Formación Profesional Básica con dos cursos obligatorios, a la que se podrá entrar con 14 años de edad. Tampoco se renunciará a la implantación de evaluaciones externas nacionales al final de Primaria, Secundaria y Bachillerato (en estas dos últimas etapas es necesario aprobar el examen para obtener el título), ni a la nueva clasificación competencial de las asignaturas.

De hecho, la mayor controversia de esta norma radica en la nueva división de las materias del currículum en troncales (sobre cuyos contenidos y evaluación decide el Gobierno central); específicas (su temario y evaluación dependen de las comunidades autónomas y el Estado fija los objetivos a conseguir), y de libre configuración autonómica (que son potestad única de las comunidades y en su caso de los centros).

Dado que las lenguas cooficiales se consideran asignaturas autonómicas, los partidos nacionalistas critican que el proyecto concede un rango menor a estos idiomas.

Polémica

Otros aspectos controvertidos son la recuperación de una asignatura evaluable como optativa a Religión; la supresión definitiva de una materia inspirada en Educación para la Ciudadanía (Educación Cívica y Constitucional); la elección de los directores de centro por parte de la Administración, y la reducción de materias ofertadas en Bachillerato.

Además, existe polémica en torno a un punto que recoge de forma específica la posibilidad de conceder conciertos educativos a los centros que segregan al alumnado por sexos, así como sobre la disposición adicional relativa a la garantía de la escolarización en castellano, por la que una administración autonómica podría tener que sufragar un colegio privado a aquellos alumnos que no vean reconocido este derecho en la red pública o concertada.

El Consejo de Estado emitió un dictamen que, aunque favorable a la norma en su conjunto, contenía ciertas reservas respecto a la optativa de la Religión, pedía más aclaraciones respecto a la clasificación de asignaturas, exigía mayores garantías para concertar con los centros de educación diferenciada, recomendaba impartir contenidos sobre derechos humanos, y señalaba que las decisiones sobre la escolarización corresponden a la comunidad autónoma.

En un reciente encuentro con la prensa, responsables del Ministerio apuntaron que Educación para la Ciudadanía no se recuperará como asignatura, aunque sus contenidos se impartirán de forma transversal, y apuntaron que se estudiarán fórmulas para asegurar el derecho a la escolarización en castellano sin vulnerar las competencias autonómicas. El texto que hoy llega al Consejo de Ministros puede por tanto contener ciertas modificaciones en estos puntos, "siempre de carácter técnico", según el Ministerio.