Las autonomías perderán capacidad de decisión sobre los contenidos educativos

Madrid, 21 sep.- Las autonomías perderán capacidad de decisión sobre los contenidos educativos, ya que el anteproyecto de reforma educativa aumenta la capacidad del Gobierno central para fijar hasta el 65% de los contenidos de las enseñanzas mínimas para las comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que ha generado malestar entre las fuerzas políticas de oposición y nacionalistas en particular.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha acusado al Gobierno de "cargarse" la Constitución y ha propuesto ejercer la "soberanía" educativa en Cataluña.

El Gobierno de Euskadi, dirigido por los socialistas, ha exigido la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, porque la reforma destila "pura ideología conservadora y recentralizadora" y es un "atentado" contra el autogobierno vasco y el Estado de las Autonomías.

Pero Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo ha rechazado, así como que sea una homogeneización de la educación, ya que eso sería, ha explicado, "despojar" de competencias a las comunidades.

Ha argumentado que se trata de una "clarificación definitiva" de las competencias de las distintas administraciones, tras años de "acumulación legislativa", ha señalado al referirse a las transferencias autonómicas.

En la LOE, vigente desde 2006, a la administración central corresponden el 55 y 65% de los contenidos curriculares, según las comunidades.

También ha explicado el ministro que a la administración central corresponden los criterios de evaluación de los alumnos en las pruebas nacionales finales de cada etapa que prevé la reforma, necesarias, ha dicho, por las diferencias de rendimiento escolar y para buscar "la equidad territorial" en este sentido.

"Hemos hablado ya mucho (con las autonomías), pero vamos a hablar más", ha aseverado Wert, quien ha recordado que las comunidades tienen asumida íntegramente la gestión del sistema educativo y es por lo tanto "esencial" que se involucren en la reforma.

Ha recordado las diferencias de rendimiento escolar entre CCAA, sobre lo que ha llamado la atención la UE, y la "debilidad de una escasísima evaluación" del sistema.

Ha defendido que es una reforma para la mejora educativa y de las posibilidades de empleo de todos los alumnos, "eminentemente práctica, sensata, gradual y en modo alguno ideológica".

En el apartado académico, supone reforzar las asignaturas básicas -Lenguas, Matemáticas, Ciencias e Idiomas-; reducir asignaturas optativas y vías formativas; fijar en cuarto de ESO itinerarios hacia Bachillerato o FP e implantar evaluaciones unificadas nacionales al final de cada etapa no universitaria.

Esas pruebas serán obligatorias para poder obtener el título de graduado en Secundaria Obligatoria (ESO) y de bachiller, que en este último caso sustituirá a la selectividad.

En cuanto a las asignaturas que perderán carga lectiva o desaparezcan, Wert ha señalado que su profesorado podría necesitar completar su horario en otros centros, pero ha negado que se trate de un traslado forzoso.

El ministro ha justificado la reforma por las tasa de abandono escolar, que dobla la media europea, lo que ha denominado como "la mayor quiebra de la equidad".

También ha llamado la atención sobre el estancamiento de los resultados de los alumnos españoles en la evaluación internacional de alumnos de 15 años PISA, a pesar del incremento de inversión pública, que se ha duplicado en un decenio en términos nominales, hasta los 52.000 millones de euros.

IU ha calificado la medida de "contrarreforma" y ha dicho que supone "dar al traste con los avances en la educación pública" y "condenar a varias generaciones al fracaso escolar y social".

El PSOE la ha calificado de "mala", pues para mejorar la educación "no hacen falta más reválidas, sino más recursos".

En general, los sindicatos han coincidido en que el anteproyecto carece de financiación, modifica las condiciones del profesorado y la organización de centros y piden diálogo.

No obstante, Wert ha cifrado en unos 300 millones de euros el coste base de la reforma educativa; y ha observado que será más cara cuanto mayor sea su éxito, pues el número de alumnos será mayor cuanto más se reduzca el fracaso y abandono escolares.

La Confederación Católica de Padres (CONCAPA), mayoritaria en la escuela concertada, la ha considerado "buena", pero la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), de la pública, la entiende como "innecesaria".

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y la Federación de Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) están de acuerdo con las principales medidas y piden mayor diálogo para cuestiones pendientes. EFE

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