Las brigadas vecinales de observación de derechos denuncian la persistencia de redadas racistas


Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (Bvodh) denunciaron este jueves la persistencia de redadas racistas por parte de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como conclusión del informe 2012-2014 presentado por la entidad.
A través de un comunicado, las Bvodh alertaron de que estas redadas, que no guardarían relación con la actividad que realizan las personas a las que se pide la documentación, sino que vendrían determinadas por su aspecto físico, continuaron efectuándose de forma masiva, cotidiana y habitual “obedeciendo a instrucciones del Ministerio del Interior y de las Delegaciones de Gobierno”.
El informe, desarrollado a partir de la observación y la recopilación de testimonios de las vecinas y vecinos de los barrios de Madrid, concluyó que estos controles se llevan a cabo tanto en espacios públicos y privados, si bien se incrementaron los dispositivos más discretos al aumentar el número de identificaciones realizadas por policía secreta frente a las efectuadas por policía uniformada.
“El trato a las personas identificadas es vejatorio de forma generalizada, siendo frecuentes los cacheos en la calle. Repetidamente se dan malos tratos físicos o verbales, amenazas y denuncias cuando las personas identificadas preguntan el motivo del control”, criticó la entidad, que denunció que las consecuencias para quienes no tienen autorización de residencia pueden derivar en detención, multa, orden de expulsión, ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros o expulsión del país.
Asimismo, las Bvodh reseñaron que el Gobierno habría desoído “con total falta de transparencia y democracia” las críticas de la sociedad civil y las recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales al continuar realizando identificaciones “racistas e ilegales”.
Por otro lado, la entidad alertó de que la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal pondría de manifiesto “la estrategia de represión e intimidación” del Gobierno.

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