Los ciudadanos aportan más a dependencia que el Gobierno... con el repago

Dependencia. Una ley necesaria abandonada en el baúl de los recuerdos como consecuencia de la crisis. Es lo que dicen los fríos datos detrás de los que se esconden historias humanas que ponen los pelos de punta. Por las dificultades, por las realidad y por qué no decirlo, por la solidaridad de muchos
Por primera vez, los usuarios del sistema aportan más dinero (vía repago) que el Ministerio de Sanidad, administración encargada de garantizar el derecho. En 2014, de cada cien euros que se gastaron, los dependientes pusieron 19 euros por cabeza, frente a los 18 del Gobierno. Las comunidades autónomas aportaron 63 euros por cada atendido.El 40% de las personas dependientes no reciben ayuda

Más de 1,2 millones de personas en España, el 2,6% de la población, necesitan ayuda para valerse por sí mismas y sin embargo, el 40 por ciento (medio millón de ciudadanos) no recibe ningún tipo de prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, según el XIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que dibuja un sistema "colapsado" y en retroceso tras ocho años de implantación.
La austeridad ahoga la ley de dependencia
El trabajo, que anualmente realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explica que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) ha entrado en colapso fundamentalmente a raíz del Real Decreto que, por austeridad, recortó la inversión y retrasó el calendario de incorporación de personas con una dependencia moderada.
Una de cada cinco personas dependientes ha muerto sin recibir ayuda
El dictamen indica que desde 2012 se ha reducido la lista de espera de personas diagnosticadas como dependientes que aún no recibían atención y que al cierre de noviembre eran 167.869, el 18,7% del total de ciudadanos con derecho reconocido a recibir algún tipo de ayuda.
Sin embargo, lo atribuye a que el sistema "frena la entrada de nuevos usuarios" y no renueva las plazas de quienes fallecen. "Desde 2012, una de cada cinco personas dependientes con derecho a atención que entró en la lista de espera no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento", asegura el observatorio, que cifra en 100.000 a estas personas.
Asimismo, indica que el año pasado se entregaron 30.000 prestaciones económicas por cuidados familiares menos, aunque se ha compensado con un "mantenimiento e incluso ligero incremento de la entrega de servicios", cambio que consideran "positivo" aunque "imposibilita la entrega de servicios a personas en espera por la absoluta falta de inversión pública".Un coste global de la dependencia asciende a 6.400 millones al año

En este sentido, destaca que el presupuesto del sistema se encuentra en estado de "congelación global" y repite en 2014, las cifras del año anterior, afectadas ya por los recortes de 2012, cuando se eliminó la financiación directa del Estado a las comunidades autónomas para dependencia (nivel acordado). Según explica el dictamen, las atenciones del sistema tienen un coste global de 6.400 millones de euros al año, 6.665 euros por año y dependiente, unos 104 euros por habitante cada año.
Por primera vez, los usuarios del sistema aportan más dinero (vía copago) que el Ministerio de Sanidad, administración encargada de garantizar el derecho. En 2014, de cada cien euros que se gastaron, los dependientes pusieron 19 euros por cabeza, frente a los 18 del Gobierno. Las comunidades autónomas aportaron 63 euros por cada atendido.Invertir en dependencia sale rentable: es uno de los sectores del futuro del empleo

"A pesar de la desinversión, el sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37%, un 4,6% más que en 2010. Una mínima inyección inversora propiciaría importantísimos beneficios", explica el dictamen.
Con los cálculos del Observatorio, por cada 1.000 millones de euros invertidos cada año en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida; se crearían 30.000 puestos de trabajo netos y se ampliaría la atención a más de 120.000 personas que están en espera. En la actualidad, el sector da trabajo a 150.000 personas en toda España.
Sin embargo, "el procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias". "Las denuncias por la violación del derecho subjetivo de las personas dependientes o cualquier otra reclamación por la pasividad o arbitrariedad de las Administraciones se sigue dirimiendo en el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo", explica el dictamen.