Los médicos están obligados éticamente a facilitar el aborto, según un congreso

Sevilla.- Los profesionales médicos y sanitarios están obligados éticamente a facilitar las prestaciones médicas legalmente establecidas ante la realización de abortos, según las conclusiones del X Congreso "Aborto provocado: consolidar la calidad y el acompañamiento", celebrado en Sevilla.

Los más de 600 profesionales, procedentes de 53 países, de la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (FIAPAC) que participaron en el Congreso consideran que hay que "atender prioritariamente las necesidades básicas de sus pacientes por encima de sus creencias morales privadas".

La FIAPAC, en un comunicado, considera "un paso atrás en la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres la resolución del Consejo de Europa que avala la objeción particular de todo el personal sanitario y médico frente a la prestación de aborto provocado, intervenga o no directa o indirectamente en el proceso".

"Consideramos que esta resolución, que deja de nuevo la decisión de la mujer en manos de las convicciones morales y éticas de terceros, contribuirá a mermar la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres", subraya.

La reducción de los embarazos no deseados pasa por la implementación de la educación sexual y el acceso a la contracepción segura, según las conclusiones del congreso.

"Los participantes en el IX Congreso de la FIAPAC piden al Gobierno y a la sociedad española que desarrollen las políticas necesarias para mejorar la prevención de los embarazos no deseados y consolidar la calidad de la prestación de Aborto Provocado" e instan a la nueva titular del Ministerio de Sanidad, Leire Pajín, a elaborar el reglamento que desarrolle en su totalidad la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Además, la delegación española insta a que desde el Consejo Inteterritorial de Salud se coordinen de manera efectiva, las políticas sanitarias autonómicas para que el acceso al aborto provocado sea realmente una prestación sanitaria equitativa, segura y gratuita en todo el territorio español.