Las medidas que se negociarán en otoño e influirán en lo que se cobra de pensión

Habrá nuevos cambios en las pensiones antes de que acabe el año. El 2022 ha supuesto la puesta en marcha de la primera gran reforma de las pensiones, con medidas como el nuevo cálculo de revalorización en función del IPC o las penalizaciones por jubilarse anticipadamente. Pero no serán los únicos cambios, ya que el Gobierno de España prevé implantar una segunda reforma antes de finalizar el año que afecta a los trabajadores actuales y condicionará su futura pensión, según informa el Instituto BBVA de Pensiones. 

Varias de las medidas de esta segunda reforma ya han sido aprobadas en las Cortes Generales, aunque todavía no han entrado en vigor. Es el caso de las medidas de regulación de los llamados "Fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos" (FPEPP) y los nuevos "Planes de pensiones de empleo simplificados" (PES). En estos segundos, se incrementan los límites de aportación y reducción en el IRPF para trabajadores autónomos, que tendrán un límite total de 5.750 euros (1.500 de límite general más otros 4.250 adicionales por las aportaciones a planes de empleo simplificados de asociaciones de autónomos). 

Por otro lado, el pacto del Ejecutivo con agentes sociales y asociaciones de trabajadores autónomos se ha saldado con un nuevo sistema de cotización para trabajadores por cuenta propia (autónomos) según ingresos reales. Este nuevo sistema establece 15 tramos de cotización en función de sus rendimientos netos, con una base y cuota mínima para cada tramo. Además, permitirá modificar las bases de cotización hasta 6 veces en un año, con el fin de adaptarlas a los rendimientos que vayan teniendo. Elimina así la posibilidad de elegir la base de cotización, pero a cambio incluye mejoras en la prestación por cese de actividad, entrando en vigor el 1 de enero de 2023.

Medidas pendientes de negociar e implantar

La primera gran medida pendiente es el destope de la base máxima de cotización y, de forma paralela, de la pensión máxima del sistema. En la actualidad la base máxima de cotización es de 49.672 euros, mientras que la pensión máxima está situada en 39.468,52 euros anuales (2.819,18 euros mensuales). El objetivo pasa por conseguir igualar las bases de cotización máximas a las de países como Alemania o Italia, donde ascienden hasta los 80.000 euros. Esta medida está incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia pactado con Bruselas por el Gobierno, y su implantación requiere de una "adecuación gradual" para "no afectar a la naturaleza del sistema". 

El otro gran reto es conseguir elevar de 25 a 35 los años mínimos de cotización para determinar la base reguladora con la que se calcule la pensión de jubilación. Actualmente en negociación con los sindicatos, esta subida podría ir acompañada de la posibilidad de elección por parte del trabajador de los 25 o 30 mejores años de cotización. La idea es beneficiar a trabajadores expulsados de forma temprana del mercado laboral debido a prejubilaciones u otros motivos, con el fin de aportar más equidad al sistema, a cambio de perjudicar a la gran mayoría de trabajadores, especialmente a quienes tienen carreras de cotización cortas. 

Según informes recopilados por el Instituto BBVA, esta medida producirá una reducción de la pensión media y una reducción de los gastos del sistema de pensiones. AIREF cifra la caída de la pensión media en un 4,5%, hasta los 1.876 euros, frente a los 1.954 euros que se cobraría sin implementarse, aunque en el año 2050 supondría un ahorro de 18.110 millones anuales. 

Las previsiones de la Seguridad Social 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estimaba la rebaja entre un 5,45% y un 6,3%; mientras que un informe del Banco de España eleva el cálculo al 8,2%. La previsión más pesimista la aportaron investigadores de la Universidad de Valencia, que calculaba la bajada de la pensión media en un 8,8%, llegando a implicar una reducción del 10,3% para autónomos.