Santander, 12 jul.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado hoy que las políticas ambientales no admiten ya "marcha atrás" y deben seguir adelante pese a las dificultades económicas.
"De esta crisis no se sale a costa del medio ambiente", ha enfatizado Ramos, que, al mismo tiempo, ha reivindicado las posibilidades de actividad y empleo que abren este tipo de políticas.
El secretario de Estado ha refrendado el compromiso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con estas políticas en el marco de la asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima, que se celebra en Santander.
En rueda de prensa, Ramos ha apelado a la colaboración con los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para conseguir mejores resultados en objetivos como la lucha contra el cambio climático.
También han coincidido en esta idea el alcalde de Santander y presidente de la Red de Ciudades por el Clima, Íñigo de la Serna, así como el secretario general de la FEMP, Ángel Fernández, y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación, Rafael Louzán.
El secretario de Estado les ha trasladado a todos ellos la voluntad de colaboración del Ministerio para seguir desplegando unas políticas que, a su juicio, "no admiten paso atrás". "La sociedad no toleraría marchas atrás", ha comentado.
En su opinión, la necesidad de "hacer frente a la crisis" no es "incompatible" con el mantenimiento de las políticas ambientales y del objetivo de avanzar hacia una economía verde más respetuosa con el medio ambiente.
De hecho, ha recalcado que un desarrollo económico que no tenga en cuenta la cuestión ambiental "acaba siendo muy caro" y, por contra, una economía verde generará oportunidades de actividad y empleo.
Por eso, ha apostado por "estar ahí y ser pioneros" trabajando en distintos ámbitos, por ejemplo, luchando contra el cambio climático.
En este sentido, ha recordado los compromisos asumidos por España en el Protocolo de Kioto. Para finales de 2013 las emisiones de CO2 españolas deberán está a un nivel equivalente al 115 % de las realizadas en 1990.
En la actualidad se sitúan en un 122 %, pero el secretario de Estado ha recalcado que no se ha conseguido por reducción de las emisiones, sino básicamente por la compra de derechos de emisión, a lo que se han destinado 770 millones de euros en los últimos cinco años. Según Ramos, España es el segundo país que más derechos ha comprado, por detrás de Japón.
El Ministerio quiere dar ahora un "giro copernicano" para impulsar medidas que incidan en la reducción de las emisiones y, para ello, ha reiterado la necesidad de colaborar con las administraciones locales para rebajar las emisiones ligadas al transporte y los hogares.
En esta línea, Rafael Louzán ha apostado por aumentar la cooperación entre administraciones para aprovechar los "escasos" recursos económicos de que disponen en este momento.
Pese a esta coyuntura, Íñigo de la Serna ha destacado que las entidades locales están haciendo un "gran esfuerzo" en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente y se están sintiendo "arropados" por el Ministerio.
Por su parte, Ángel Fernández ha señalado que los ayuntamientos son el principal gestor de las políticas concretas y, por eso, deben "estar al frente de la bandera del medio ambiente".
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