Ministros de la UE abordan cómo medir la integración para adaptar sus políticas

Zaragoza.- Ministros europeos intentan aprobar en la "Declaración de Zaragoza" los instrumentos para medir el nivel de integración de los inmigrantes, en ámbitos como la educación, la sanidad o el empleo, para adaptar sus políticas e impulsar una agenda de integración, con compromisos para los próximos cinco años.

Un centenar de representantes de la UE iniciaron hoy la IV Conferencia Ministerial Europea sobre Integración, que pretende concluir mañana con la firma de una declaración sobre la necesidad de armonizar las políticas de integración, conscientes de las diferencias que les separa respecto al proceso migratorio.

Establecer políticas de no discriminación en las empresas o apostar por la creación de empleo, tanto de extranjeros como de trabajadores autóctonos, junto a reforzar medidas educativas para favorecer la integración, son algunas de las propuestas de los participantes de este encuentro, en el que, además, se ha puesto de manifiesto la importancia de la intervención a través de los barrios.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha planteado la necesidad de construir, "no sólo un discurso global europeo, sino también de compartir las prácticas" de integración.

"Hay materias en las que será muy difícil unificar todos los criterios", ha dicho Corbacho, pero "con el tiempo habrá directivas europeas, aunque a corto plazo será la nacional la que marque las coberturas".

Corbacho ha asegurado que "en un contexto de crisis económica, no se deben limitar las acciones en materia de integración, sino que es más necesario que nunca desarrollar políticas a medio y largo plazo".

"La crisis pasará, crecerá la economía y volveremos a tener la necesidad de más inmigración", ha dicho el ministro, quien ha recordado el decrecimiento demográfico y el envejecimiento de la población.

El anfitrión de la cumbre por la presidencia española de la UE ha lanzado la advertencia a los ayuntamientos de que deben cumplir la ley empadronando a los inmigrantes en situación irregular y ha advertido que es ilegal negarse a hacerlo y "que tiene riesgos jurídicos si alguien coge los datos del padrón y los trasfiere a la Policía, porque están protegidos por la Ley de Protección de Datos".

Han querido cerrar esta polémica, tanto la secretaria de Estado, que ha instado a "cerrar la ceremonia de la confusión", como el ministro, que le ha pedido al alcalde de Vic que "deje de enredar".

El Gobierno ha insistido en que la sociedad española no es xenófoba y ha pedido a los responsables políticos que dejen de utilizar la inmigración "con fines partidistas o electorales".

Ha recordado que España ha traspuesto todas las directivas europeas de inmigración a través de la nueva Ley de Extranjería y ha insistido en que la "integración debe hacerse en los barrios".

La comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Malmstrom, ha defendido la necesidad de seguir contando con la población inmigrante, a pesar de los altos índices de desempleo que afecta a 23 millones personas en la UE.

"No podemos aceptar la discriminación, que los inmigrantes no son necesarios es una idea errónea", ha dicho la comisaria europea.

El conjunto de indicadores que se quieren acordar en la "Declaración de Zaragoza", permitirán medir el absentismo escolar de la población inmigrante, el grado de conocimiento del idioma o el número de extranjeros nacionalizados.

Los ministros han tomado el pulso a iniciativas como el Fondo Europeo (2007-2013), que prioriza proyectos de enseñanza de las lenguas, el apoyo a redes sociales, a asociaciones de inmigrantes o proyectos de trabajo en barrios.

Desde fuera de la cumbre, el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE) ha pedido a los ministros que no desperdicien el talento de refugiados y solicitantes de asilo y que faciliten su participación en el mercado laboral.

Recuerdan que a través de la revisión de las reglas europeas para la acogida de solicitantes de asilo, los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo tienen la oportunidad de adoptar normas que faciliten el acceso al derecho al trabajo para las personas que están esperando una respuesta a su solicitud de asilo.