Misión de OEA urge reforma a marco jurídico para desmovilizados en Colombia

  • La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, instituida mediante un acuerdo del Gobierno con la Organización de Estados Americanos (OEA), urgió hoy una reforma al marco jurídico adoptado en 2005 para la reinserción de miles de paramilitares que dejaron las armas.

Bogotá, 20 oct.- La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia, instituida mediante un acuerdo del Gobierno con la Organización de Estados Americanos (OEA), urgió hoy una reforma al marco jurídico adoptado en 2005 para la reinserción de miles de paramilitares que dejaron las armas.

La necesidad de la enmienda es la principal recomendación de un análisis del cumplimiento de dicha normativa elaborado por un equipo de la MAPP coordinado por el juez español Baltasar Garzón, que trabaja como asesor de esta delegación de la OEA.

El estudio está recogido en el informe "Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombia", resultado de una tarea emprendida hace cinco meses por Garzón y su equipo.

El documento fue entregado el miércoles al presidente del país, Juan Manuel Santos, por el director de la MAPP, Marcelo Álvarez, y el juez Garzón, quienes hoy lo dejaron en manos del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Es un análisis de la situación actual, los tropiezos del proceso judicial y las medidas que es necesario adoptar, explicó Garzón, quien desde hace varios meses trabaja como asesor de la delegación de la OEA en la capital colombiana.

"Hemos presentado las correspondientes recomendaciones y también las propuestas que se tendrían que adoptar", agregó el jurista español al explicar ante la prensa los alcances del diagnóstico.

El estudio se ocupó de la llamada Ley de Justicia y Paz, que entró en vigencia hace más de seis años como normativa para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que se disolvió en 2006 mediante un acuerdo con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

De los más de 31.000 paramilitares que entonces dejaron las armas, 4.131 fueron postulados por el Gobierno para esta jurisdicción especial, que asume los casos de crímenes graves y que establece penas alternas de prisión de cinco a ocho años, entre otros asuntos.

Hasta ahora, solo tres exparamilitares de bajo rango han sido condenados.

A pesar de ello, Garzón resaltó que "Colombia es el único país del mundo en el que se está haciendo construcción activa de la justicia, de la memoria y de la verdad".

Según el diagnóstico de la MAPP, en 2014 "la mayor parte de los hoy postulados a Justicia y Paz saldrán en libertad sin haber sido condenados".

El juez Garzón dijo que la MAPP propone que el sistema de investigación cambie y evolucione hacia la investigación de las estructuras, la financiación, los parámetros de actuación, por actividades de los bloques, por naturaleza de los crímenes cometidos a las poblaciones sensibles.

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