Daniela Brik
Jerusalén, 13 jun.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha recibido duras críticas en un informe elaborado por el supervisor del Estado a causa de las decisiones que tomó en el asalto militar a una flotilla que se dirigía a Gaza hace dos años y que acabó con nueve activistas turcos muertos.
En un documento de más de 150 páginas, el juez retirado Mija Lindenstrauss describió la gestión del caso por Netanyahu como "deficiente" y "superficial", y también condenó la actuación del titular de Defensa israelí, Ehud Barak.
Ambos salen mal parados por haber adoptado decisiones sin consultar con otros ministros, mandos militares o consejeros, ni tener en cuenta los preparativos o prever las posibles consecuencias del abordaje en alta mar.
"Las decisiones se tomaron sin un trabajo de equipo ordenado, reflexivo, coordinado y documentado a pesar de que el Gobierno, altos mandos del Ejército y de inteligencia eran muy conscientes de que la flotilla turca no era como las que le precedieron", aseguró el supervisor tras casi dos años de investigación.
La conocida como "Flotilla de la Libertad" partió de Turquía con centenares de activistas a bordo y tenía el objetivo declarado de dirigirse a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí que duraba ya tres años.
Las embarcaciones, cargadas con ayuda humanitaria, fueron abordadas por comandos israelíes el 31 de mayo de 2010 en una operación militar que acabó en un enfrentamiento violento.
El convoy internacional estaba integrado por nueve barcos de distintos tamaños, entre ellos el turco "Mavi Marmara", en el que ocurrieron los hechos, que provocaron una oleada de críticas internacionales y el posterior relajamiento del bloqueo israelí.
Los activistas consideraron esa medida inmoral e ilegal, mientras que el Estado judío defendió que el bloqueo era necesario para impedir la llegada de armas al grupo islamista Hamás, que controla la franja.
El informe considera que Netanyahu debería haber ordenado un trabajo "integral" de todos los organismos institucionales para afrontar la crisis en lugar de celebrar "reuniones privadas" y por separado con el titular de Defensa y el de Exteriores, Avigdor Lieberman, de las que no se guardaron actas.
El supervisor subraya que hubo "serios y sustanciales fallos" en la toma de decisiones, entre ellos a la hora de verificar si el Ejército estaba preparado para una operación de ese tipo, que pilló al país fuera de juego y a Netanyahu en el extranjero cuando ordenó el asalto.
Asimismo, destaca la forma individualista de actuar de Barak, quien hizo caso omiso de las recomendaciones del entonces jefe del Estado Mayor, Gaby Ashkenazi, que había advertido en una reunión de que "no tenía dudas de que habría que usar la fuerza" para controlar el barco y calificó de "ilusos" a aquellos que creían lo contrario.
El jefe del Gobierno israelí también es acusado de no agotar las posibilidades para lograr una salida diplomática a la crisis antes de que la flotilla zarpara de Turquía y no haber dejado constancia escrita de las negociaciones que tuvo con un mediador egipcio para convencer a Ankara de que no la autorizara.
El informe de Lindenstrauss, que abrió un expediente sobre el caso a pesar de la oposición del Gobierno, es el tercero israelí sobre la flotilla, aunque no se espera que tenga ramificaciones judiciales ni políticas como otros de su oficina en el pasado.
Dicho asalto terminó por resquebrajar las ya deterioradas relaciones de Israel con Turquía, un país musulmán que antaño era uno de sus aliados estratégicos más importantes en la región.
Ankara exigió una disculpa por lo que calificó de "masacre" y "crimen de guerra", a lo que Israel se negó al considerar que actuó en defensa propia ante una provocación en aguas internacionales.
En un comunicado en respuesta al informe, el primer ministro afirmó hoy que en los últimos tres años "los israelíes disfrutan de una seguridad que no veían desde hacía años. Esta seguridad es el resultado directo de una gestión responsable y una política definida".
Además, Netanyahu recordó las conclusiones de una comisión de la ONU que "sentenció con claridad que el bloqueo marítimo para impedir que lleguen armas a los terroristas de Gaza es un acto legítimo en defensa propia" y que "la decisión de Israel de interceptar a la flotilla era legal según el derecho internacional".
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