Ninguna de las prostitutas citadas en la causa del Riviera acude a declarar

Barcelona, 16 nov.- Ninguna de las dieciocho prostitutas del club Riviera de Castelldefels (Barcelona) que estaban citadas a declarar como testigos en la causa abierta contra una red de corrupción policial vinculada a prostíbulos ha comparecido hoy en el juzgado, según fuentes judiciales.

Las prostitutas habían sido propuestas como testigos por la defensa de uno de los responsables del Riviera imputados en la causa poco después de la operación policial que en 2009 permitió desmantelar la supuesta red corrupta, lo que implicó el cierre cautelar de este macroburdel y del club Saratoga.

La juez no ha acordado hasta ahora las testificales solicitadas, pero, a los tres años del inicio de la investigación, ha sido imposible localizar a la mayoría de prostitutas y las pocas que se han podido citar en sus domicilios no han acudido a la comparecencia señalada para hoy en el juzgado de instrucción número 33 de Barcelona.

Con el testimonio de las mujeres de alterne, la defensa de los responsables del Riviera, a los que se imputan delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores, pretendía demostrar que las meretrices no eran explotadas por el club, sino que trabajaban por su cuenta y se limitaban a alquilar las habitaciones del local para sus trabajos sexuales.

Los abogados de los responsables del macroburdel, uno de los mayores de la provincia de Barcelona, buscaban también desmontar la tesis de la Fiscalía de que las mujeres que trabajaban en el Riviera eran controladas por los propietarios y obligadas a prostituirse en condiciones laborales inhumanas.

Según informes del ministerio público que figuran en la causa, los propietarios de Saratoga y Riviera daban apariencia de legalidad a sus locales presentándolos como meros establecimientos hoteleros donde prostitutas y clientes alquilaban habitaciones para sus contactos.

No obstante, según el ministerio público, las mujeres eran "tratadas como verdaderos animales de carga" y se atentaba "contra los más elementales principios de la dignidad humana al suministrarles incluso en algunas ocasiones hormonas y vitaminas para que trabajarán más o mejor".

La titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona decidió cerrar los macroburdeles Riviera y Saratoga, en el marco de una compleja investigación sobre la existencia de una supuesta red de corrupción policial relacionada con los burdeles, ya que algunos exaltos cargos de la Policía Nacional recibían presuntamente sobornos para hacer la vista gorda en sus inspecciones y avisarles de las redadas.