Atlanta (EE.UU.), 2 sep.- Autoridades de Georgia nombraron hoy a los miembros de un panel que tiene como objetivo castigar a los funcionarios estatales y locales que violen la nueva ley migratoria HB 87.
El gobernador Natan Deal apuntó al excandidato a la presidencia del Partido Republicano en Georgia Shawn Hanley; a Phil Kent, vocero de la organización Americans for Immigration Control, que aboga por restringir la inmigración ilegal, y a Ben Vinson, abogado y consejero de la mayoría republicana en el Legislativo estatal.
El Concejo de Revisión del Cumplimiento de la Ley de Inmigración está contemplado dentro del marco de la HB 87, que entró en vigor el 1 de julio, y tendrá la autoridad de investigar quejas hechas contra autoridades de una ciudad, condado o el estado.
De acuerdo con el gobernador Deal, que anunció hoy los nombramientos a través de su página de Internet, el panel se reunirá al menos una vez cada tres meses y lo hará por primera vez este 1 de octubre.
Por su parte, el vicegobernador, Casey Cagle, nombró para formar parte del panel a Boyd Austin, alcalde de Dallas, Georgia, y a Mike Yeager, alguacil del condado de Coweta.
El presidente de la Cámara de Representantes de Georgia, David Ralston, que también tenía potestad para nombrar a dos miembros del concejo, designó a Terry Clark, comisionado del condado de Colquitt, y al abogado y exrepresentante estatal, Robert Mumford.
El panel podrá realizar audiencias y citaciones, adoptar regulaciones y establecer castigos y multas de hasta 5.000 dólares a quienes incumplan la ley.
Las agencias estatales que incumplan con la nueva ley o que no exijan la presentación de ciertos documentos a quienes soliciten beneficios públicos podrían perder fondos.
El panel tendrá la autoridad para investigar a los Gobiernos locales que creen "santuarios" para los inmigrantes indocumentados al no reportarlos ante las autoridades correspondientes.
Organizaciones civiles han criticado la creación del panel, que consideran generará un ambiente de "cacería de brujas" en el estado.
La HB 87 entró en vigor sin la implementación de dos de las provisiones más controvertidas de la medida, una que permitía a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no pudieran proporcionar una identificación válida y otra que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a inmigrantes.
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