París, 27 sep.- Los desalojos de campamentos de gitanos continuaron hoy en Francia, donde la polémica por la política seguida por el ministro del Interior, Manuel Valls, sobre esta minoría, provoca una clara división dentro del Gobierno.
La policía desalojó a primera hora de la mañana un campamento situado en el centro de la ciudad de Roubaix, en el norte del país, vecina de Lille, donde el pasado día 18 también se acabó con un gran asentamiento de gitanos.
El alcalde de la ciudad, Pierre Dubois, consideró que su municipio no puede hacer más por la integración de esos individuos y recordó que una treintena de ellos viven ya en viviendas sociales de la localidad.
La delegación del Gobierno, por su parte, señaló que se respetaron los derechos de los gitanos y que, aquellos que lo necesitaron, fueron realojados hasta que se tome una decisión sobre su expulsión.
Pero el desalojo supone más leña al fuego a una polémica que no cesa de aumentar en el país y que ha resquebrajado la unidad del Gobierno en este asunto y ha enfrentado a París con Bruselas.
Valls, considerado un representante del ala más centrista del Partido Socialista, incendió la mecha el pasado martes cuando afirmó que "los gitanos deben volver a Rumanía o a Bulgaria", donde las autoridades de ambos países tienen que "hacer esfuerzos para su integración", ya que la mayoría de ellos no pueden hacerlo en Francia.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron con dureza las palabras del ministro, que compararon con las pronunciadas en 2010 por el expresidente Nicolas Sarkozy, responsable de una primera oleada de expulsión de gitanos.
Pronto arreciaron las críticas desde su propio campo político e, incluso, desde el seno del Gobierno en el que se sienta Valls.
Las palabras más virulentas las pronunció la titular de Vivienda, la ecologista Cécile Duflot, que acusó a su colega de Interior de transgredir las reglas de la República al afirmar que "hay categorías de población cuyo origen justifica que no puedan integrarse y que sus prácticas y su modo de vida molestan a los vecinos".
Duflot, una de las dos ministras de Los Verdes que forman parte del Ejecutivo socialista, pidió al presidente, François Hollande, que llame la atención a Valls.
El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, trató de atemperar los ánimos y aseguró que la política del Ejecutivo es común y está resumida en una circular firmada por todos los ministros en agosto de 2012.
Pero las críticas llegaron también desde Bruselas, por boca de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, que recordó que "existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos" y que pidió que los gitanos "sean tratados como individuos".
La eurocomisaria reveló que Europa puso un presupuesto de 50.000 millones de euros para la integración de los gitanos y acusó a París de no utilizarlo.
Los ataques contra Valls, que se ha negado a rectificar sus palabras -"solo molestan a los que no conocen el asunto", dijo-, han despertado también la solidaridad de otros miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista.
El titular de Industria, Arnaud Montebourg, que inicialmente había considerado "excesivas" las declaraciones de su colega de Interior, afirmó hoy que "su labor no es fácil" y reconoció que las expulsiones "responden a actos de delincuencia y problemas de seguridad".
Más combativo se mostró el presidente de la cámara de diputados, Claude Bartolone, que atacó directamente a la comisaria Reding.
El ministro también recibió el respaldo de numerosos alcaldes de grandes ciudades del país, de todas las sensibilidades políticas, preguntados por el vespertino "Le Monde" y que consideraron que la política de firmeza preconizada por Valls es la única que funciona en el caso de los gitanos.
"El problema de los gitanos no se solucionará multiplicando las viviendas sociales", asegura el alcalde de Saint-Etienne, Maurice Vincent, que comparte opinión con los regidores de Nancy, Toulouse, Clermont-Ferrand y Evry.
La polémica se produce a seis meses de las elecciones municipales y en un contexto en el que el ultraderechista Frente Nacional (FN) sube en los sondeos con su tradicional discurso crítico con las poblaciones extranjeras.
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