Según esta organización, la aspirante ya presentó una reclamación por la misma razón en 2014 y, este año, "había notificado su discapacidad y solicitado la presencia de intérpretes de lengua de signos" para el examen.
Sin embargo, la petición fue denegada y desde la Consejería de Educación, que ofreció a la aspirante "situarse en primera fila donde pudiera entender con nitidez las órdenes y comentarios del tribunal y que éstos estuvieran seguros de que la opositora los hubiera comprendido", y "ampliar su tiempo en 30 minutos por cada hora de la prueba oral", según FESORMU.
Los argumentos que dieron desde la Consejería, según explica, es que la prueba debía realizarse "con la máxima similitud a lo que serían las condiciones reales para un profesor especialista en educación física en su labor diaria".
Para la organización, la negativa a contratar un intérprete de lengua de signos constituye una vulneración de la ley que reconoce la oficialidad de la lengua de signos y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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