Los principales acusados en la trama bautizada como ‘La Rueda’ de la Audiencia Nacional han arremetido duramente contra los investigadores de la causa por apuntar que se valieron de testaferros para ocultar las ganancias que percibieron de la emisión de sus producciones musicales en televisión. Especialmente porque dichas personas a las que se refiere la policía judicial aparentemente anónimas, son en realidad importantes cantantes y compositores del mundo del flamenco conocidos por su nombre artístico.
De esta manera, el pianista Manuel Bermúdez, en un escrito al juez al que tenido acceso La Información, se ofrece “gustosamente” a “ilustrar” a la Policía Judicial que, cuando habla de Diego Ramón Jiménez, se refiere a ‘Diego el Cigala’, Jesús Rafael García es en realidad ‘Jesús Amargo’, Antonio Manuel Álvarez es ‘Pitingo’, María García es ‘Niña Pastori’ y Antonio Carmona Amaya y Juan José Carmona Amaya forman parte del grupo 'Ketama'.
Esta es una de las ‘perlas’ que Bermúdez suelta contra los investigadores de la trama según la cual los acusados habrían defraudado 100 millones de euros mediante la emisión en programas de franja nocturna de obras originales, y por tanto sin derechos de autor, que, tras modificarlas levemente, las registraban como propias, reportándoles así unos ingresos de explotación.
El acusado afea a los investigadores que no hayan tenido la “elemental precaución” de estudiar quiénes están detrás de ese listado tras recibir la documentación oportuna de RTVE y recuerda que son artistas “con una relevancia musical enorme” que contrataron con Eurodelta, la sociedad desde la que Bermúdez gestionaba los acuerdos con las televisiones.
Para este investigado existe una “enorme falta de rigor”, una “artificialidad de argumentos” y un “cúmulo de tergiversaciones” en la instrucción del caso que dirige el magistrado Ismael Moreno, además de un “desconocimiento absoluto” después de que los investigadores apuntaran que, en algunos casos, se trataba de música de baja calidad.
El reparto de votos en la SGAE
En la misma línea, el también acusado Rafa Tena alega en otro escrito al instructor que de esta práctica no se produjo un beneficio político en el seno de la SGAE porque existe un criterio de reparto de votos que no es “caprichoso ni sesgado” y que no varía en función de los derechos de autor que cada socio tenga registrados.
También arremete contra los investigadores que bautizaron como “música inaudible” parte de las composiciones que se emitían a altas horas de la madrugada. Sobre este punto, el hermano del fallecido Manolo Tena, califica de “absurdo y contradictorio” que se les puedan imputar delito de organización criminal y corrupción en los negocios por la forma en la que se emiten las obras, puesto que, dice, se trata de una decisión que compete a las televisiones en cuestión.
El magistrado Moreno apuntó que Tena había registrado entre los años 2006 y 2012 un total de 20.173 obras frente a 15 que hizo en 2005, lo que le reportó una recaudación de más de siete millones de euros en el primer periodo. Sobre este asunto, el músico matiza que en la actualidad tiene registradas cerca de 12.000 obras, muchas de las cuáles están realizadas con otros autores y que, por tanto, no se trata de un número desproporcionado.
Además, establece una diferencia entre el fondo musical o una ráfaga para televisión de lo que sería la elaboración de una canción o sinfonía -como las cuatro que escribió para el último disco de su hermano-, por el esfuerzo y tiempo que ello requiere, aunque sean todas ellas entendidas como obras musicales.
Niega ilegalidad alguna con el ‘retorno’
En lo que concierne a contratos con las televisiones que se habrían beneficiado ilícitamente del bautizado como “retorno”, los acusados aseguran que se realizaron por el departamento jurídico de cada una de ellas y por lo tanto es “inverosímil y contrario a toda lógica” pensar que en más de diez años no se hayan percatado de la ilicitud de esta práctica.
Los dos investigados también reprochan en sus escritos que se repite “como un mantra” la tesis de que con esta práctica han perjudicado a 120.000 socios de la SGAE sin que se cuantifique realmente las consecuencias de la misma y recuerda que, lejos de constituir un “sistema corrupto”, el reparto de las liquidaciones por la emisión de las producciones musicales se hace acorde al sistema estipulado por la sociedad de autores.
Documentación a las teles
Por todo ello, piden una batería de diligencias entre las que se encuentran la citación como testigo del actual director de gestión de derechos de RTVE, Ernesto del Real Millán, junto con otros cargos del ente público, que emplace a RTVE a que aporte los contratos investigados y Atresmedia, Mediaset y Canal Sur la documentación precisa sobre estos programas, además de que reclame a la SGAE que informe del número de obras registradas por los acusados.
Entre tanto, se siguen acordando diligencias de investigación y en el marco de las mismas el juez interrogará este miércoles y jueves a ocho nuevos investigados en la causa, entre los que se encuentra el actual presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, el cual, por su parte, negó recientemente haber cometido irregularidad alguna.
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