El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado en calidad de investigado al actual presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, y otras siete personas más en el marco de la causa conocida como 'la rueda de las televisiones'.
En una providencia con fecha de este miércoles, el juez que instruye la causa fija los días 3 y 4 de octubre para interrogar a Sastrón y los otros investigados, entre los que se encuentra Carlos Salazar Murillo, jefe de división musical de Canal Sur.
'La Rueda' consistió en una práctica presuntamente irregular entre los años 2006 y 2011 mediante el registro de obras originales, y por tanto libres de derecho de autor, de las que aparentaban modificaciones pero que en realidad eran iguales a las auténticas. El fraude, según el magistrado, ascendió a los 100 millones de euros y perjudicó, al menos, a 120.000 socios.
Por fechas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 cita para el próximo miércoles 3 de octubre a las 10.00 horas a José Arturo Morales y Juan Manuel Muruve y a las 10.30 horas a Raquel Camins y Antonia Prieto. Un día después y también a las 10.00, acudirán a la sede judicial José Luis Rupérez y María Sanz, y tras ellos, José Miguel Sastrón y Carlos Salazar.
El estallido de la operación el pasado mes de junio culminó con la detención de 18 personas, entre ellas el compositor Manuel Carrasco, el pianista Fernando Bermúdez y el hermano del fallecido Manolo Tena, Rafa Tena. El juez acordó para los tres prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros por los delitos de pertenencia a organización criminal y corrupción en los negocios.
En estos autos, Moreno explicó que los cabecillas de la trama, en connivencia con empleados de productoras de televisión, crearon un sistema "perdurable en el tiempo" fundamentado en el plagio de obras de dominio público que modificaban levemente para poder registrarlas como propias. Además, crearon otras de baja calidad que titularizaron a nombre de familiares y testaferros.
De hecho, precisó que el trato de favor que recibieron los investigados, hizo que la calidad de la música que se emitía fuera cada vez más baja dado que tenían las emisiones garantizadas. A cambio, los responsables de las televisiones se convirtieron en titulares de derechos y, por ende, en receptores de cantidades económicas que percibían de la SGAE.
Además del beneficio económico, se desprendió un beneficio político, “toda vez que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en atención a las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, permitiendo así poder tener poder de decisión en la Junta" y perpetuar el sistema de reparto que permitió el fraude.
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