Madrid, 12 jul.- PNV, ERC y UPN han registrado esta tarde en el Congreso de los Diputados sendas enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
El PNV aclara en su enmienda registrada en la Cámara Baja que los objetivos que pretende conseguir el proyecto de ley "son necesarios y acordes" a una sociedad "justa y democrática", sin embargo, estima que "invade de manera extensa" las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas.
"Las invade o vulnera, porque desde su origen, el proyecto tiene vocación de asumir como propia del Estado la defensa de la igualdad, como un derecho que la autoridad le otorga. Posee pues una visión centralizadora del Estado", señala el grupo vasco.
Asimismo, afirma que la ley abarca aspectos que "por su forma de entender la discriminación pueden generar mucho conflicto social".
Critica la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato que contempla la ley, ya que, a juicio del grupo vasco, "constituye un hecho insólito" en la estructura de los poderes constitucionales y afirma que esta figura ya está institucionalizada en las defensorías del pueblo o comisionados parlamentarios.
El PNV también opina que en la situación actual de crisis económica, no es "oportuna""ni rentable" la puesta en marcha de este nuevo órgano.
ERC asegura en su escrito que se ve en la obligación de presentar la enmienda a la totalidad "al comprobar el poco respeto a las competencias autonómicas que se desprende del redactado del proyecto de ley".
Asimismo, critica que la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato "ni tan si quiera contempla" la participación de las Comunidades Autónomas, a pesar de que "se le atribuyen importante funciones" en la aplicación de la norma.
ERC se muestran sorprendida de que en la exposición de motivos se otorgue a la ley la consideración de "legislación general" e "integral" contra la discriminación y, sin embargo, no está incluida la originada por motivos lingüísticos.
El diputado de UPN, Carlos Salvador, subraya en su enmienda que la futura ley "invade ámbitos que pertenecen sólo a la esfera privada" de los ciudadanos, así como "el ejercicio de derechos fundamentales", y vulnera "algunas de las libertades públicas" proclamadas en la Constitución.
Por otra parte, en la segunda jornada de comparecencias en la Comisión de Igualdad para analizar la ley, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos y Familia (CONCAPA), Luis Carbonel, ha pedido la retirada de la ley porque opina que es ilegal y no promueve más libertad, sino mayores recortes sociales.
Sin embargo, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha pedido que la norma se tramite con urgencia: "las cuestiones de discriminación tocan los derechos humanos y en materia de derechos humanos todo es urgente y necesario", ha subrayado.
La secretaria confederal de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, también ha valorado la ley durante su intervención en la Comisión, si bien ha considerado que puede ser mejorada incorporando al ámbito de la aplicación el termino de "nacionalidad", como supuesto de discriminación.
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