Procuraduría pide incluir a los niños víctimas de conflicto en pacto con FARC

Bogotá, 5 ago.- La Procuraduría de Colombia (Ministerio Público) recomendó hoy incluir la problemática de los niños víctimas del conflicto armado interno en el posible acuerdo general que derive de las negociaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, hizo esta petición en una carta dirigida al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con base en el informe "Los niños y los conflictos armados", presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 15 de mayo, entre otros estudios.

En un listado de diez recomendaciones, Ordóñez destacó la urgencia de incorporar "la problemática de la victimización de los niños en el conflicto en el Acuerdo General de La Habana y en los pactos que eventualmente se suscriban entre el Gobierno Nacional y las FARC".

También solicita que este tema se tenga en cuenta en otros procesos "que eventualmente se adelanten en el futuro con otras organizaciones al margen de la ley", en alusión a las posibles conversaciones entre la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Gobierno de Santos.

El procurador resaltó que las acciones de responsabilidad u omisión del Estado en la defensa de los derechos fundamentales de la infancia pueden tener consecuencias en instancias internacionales.

Por eso, instó al Ejecutivo a darle prioridad a las estrategias y políticas encaminadas a prevenir la integridad y la libertad de los niños frente a los grupos armados, que en medio siglo de conflicto han sido víctimas de delitos como el reclutamiento forzoso y de la violencia sexual.

La Procuraduría se centrará, por su parte, en evaluar desde este momento hasta el primer semestre de 2014 las acciones perpetradas por las FARC y el ELN, agregó el comunicado del ente.

Entre las recomendaciones figura la revisión del Plan Integral para la Promoción de Niños y Adolescentes con Oportunidades (PIP), la articulación de las políticas de infancia con los gobiernos regionales y municipales de zonas de conflicto, garantías de no repetición y el cumplimiento del Código de la Infancia y la Adolescencia en la Ley de Víctimas.

También invita a la "investigación integral, así como la sanción de los perpetradores, facilitadores o encubridores de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra niños y niñas" y a la acción efectiva e las autoridades del Sistema de Bienestar Familiar.