Washington, 24 abr.- La ley SB1070, promulgada hace dos años por el Gobierno de Arizona para combatir la inmigración ilegal en ese estado sureño de EE.UU., llega este miércoles finalmente ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir su futuro.
La legislación, bloqueada parcialmente en los tribunales, criminaliza la presencia ilegal en Arizona y ha servido de modelo para medidas similares en media decena de estados, como respuesta a la presunta inacción del Gobierno federal para poner coto a la inmigración ilegal en el país.
El Tribunal Supremo escuchará los argumentos a favor y en contra de la SB1070, promulgada en 2010, y su fallo, previsiblemente a finales de junio próximo, ayudará a demarcar la soberanía de los Gobiernos estatales a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración.
El meollo del caso gira en torno a si el Gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
En su fallo, el Supremo puede reafirmar la SB1070, anularla por completo o dejarla en pie pero solo en partes.
A continuación, los puntos más polémicos de la SB1070 que estarán bajo la lupa del Tribunal Supremo:
Sección 2(B)
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- Exige que los agentes policiales de Arizona verifiquen el estatus migratorio de toda persona, incluso un ciudadano, que detenga o arreste por cualquier otra infracción -aún si se trata de una ordenanza municipal-, si hay "sospecha razonable" de que se trata de una persona indocumentada.
(En la actualidad, la ley federal obliga a los no ciudadanos a portar documentos migratorios.
Sin embargo, ninguna ley federal permite exigir a toda persona la muestra de "papeles" ni obliga a los ciudadanos estadounidenses a portar una cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir.)
Sección 3
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- Convierte en delito de menor cuantía que los extranjeros no porten en todo momento su tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos y los somete a posibles sanciones y penas carcelarias.
Sección 5(c)
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- Criminaliza que los inmigrantes indocumentados busquen empleo o sean contratados. En la actualidad, la ley federal estipula que son los patronos, y no sus empleados, los que quedan sujetos a sanciones criminales por la contratación de indocumentados.
Sección 6
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- Autoriza que los agentes de la policía realicen arrestos sin el debido permiso judicial si tienen "causa probable" para creer que un inmigrante ha cometido un delito por el que puede ser deportado del país. Esta cláusula se aplicaría también a residentes legales y otros inmigrantes con visas válidas.
Contexto
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- La Constitución de EE.UU. establece que el Gobierno federal tiene potestad exclusivas, como la declaración de guerra o imprimir dinero.
La llamada "cláusula de supremacía", además, establece que en aquellas áreas en las que el Gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva o cuando surgen conflictos con las leyes estatales, la ley federal prima sobre cualquier ley estatal.
Principales argumentos en el caso
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- La Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, argumenta que las tareas migratorias son potestad tradicional del Gobierno federal porque se relacionan directamente con la soberanía y las relaciones exteriores del país, el control de sus fronteras y la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia argumenta además que la ley SB1070 contraviene las leyes federales y que su aplicación pone obstáculos a las prioridades y objetivos del Congreso, una entidad que ya ha establecido un sistema para regular la inmigración.
- El Gobierno del estado de Arizona argumenta que la SB1070 complementa las labores del Gobierno federal y facilita que sus agentes policiales cooperen en las tareas migratorias
Fuentes: Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), Departamento de Justicia, National Immigration Law Center (NILC).
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