Se trata del primer intento por parte de los estados para impedir la puesta en marcha de una importante iniciativa de Obama para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) emitidas por las centrales a carbón, en el marco de la lucha contra el calentamiento global.
El 3 de agosto Obama anunció que los dueños de las plantas generadoras de energía deberán recortar 32% sus emisiones de dióxido de carbono para 2030 respecto de los niveles de 2005.
Para eso, los estados y empresas de producción de energía eléctrica tendrán que utilizar menos carbón y más gas natural, menos contaminante y abundante en Estados Unidos, así como más energías renovables, sobre todo solar y eólica.
Según algunas estimaciones de expertos, las nuevas reglamentaciones Obama podrían generar una caída de 20% de la demanda de carbón, que actualmente es utilizado para la mitad de la producción eléctrica de Estados Unidos.
"Estas reglamentaciones son las más amplias jamás propuestas en el sector de la energía en la historia del país y la Agencia de protección del medio ambiente (EPA) simplemente no tiene la autoridad para aplicarlas", declaró el jueves en un comunicado Patrick Morrisey, fiscal general republicano del Estado de Virginia Occidental, al anunciar la acción judicial.
Este estado es el segundo productor de carbón del país. Se le sumaron en la demanda Kentucky, tercero, y Wyoming, número uno con 40% de la producción hullera estadounidense, según la asociación nacional de minería.
Los otros estados que se sumaron a esta acción judicial son, entre otros, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Michigan, Ohio, Florida y Dakota del Sur.
Según las nuevas reglamentaciones de la EPA, los estados tienen tiempo hasta setiembre de 2016 para someter su programa de reducción de emisiones de CO2 a la EPA.
Los adversarios de esta iniciativa para reducir el uso del carbón, el más contaminante en CO2, afirman que generará un aumento de los costos de la electricidad y deprimirá aún más este sector minero, en el que una treintena de firmas quebraron desde 2011.
Los quince estados presentaron su demanda en la corte federal de Apelaciones de Washington DC.
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