Guatemala, 14 may.- Una resolución aprobada por el Parlamento de Guatemala que señala como "jurídicamente inviable" que ocurriera un genocidio durante el conflicto armado interno local (1960-1996) generó hoy opiniones contrarias en diversos sectores políticos.
El Congreso de Guatemala aprobó el martes por la tarde un punto resolutivo que exhorta a la "reconciliación nacional" y en el que también se refiere al delito de genocidio, de acuerdo a una fuente legislativa.
La resolución fue propuesta por el Partido Republicano Institucional (PRI), anteriormente conocido como Frente Repúblicano Guatemalteco (FRG) y que originalmente fue fundado por el exmilitar golpista Efraín Ríos Montt, quien es acusado y procesado actualmente por genocidio.
"El punto resolutivo no niega ni afirma que exista el genocidio. Es una absoluta mentira que se diga esto. Han habido personas que de mala fe han dicho que con esta exhortación se prohíbe incluso decir la palabra genocidio y es totalmente falso", aseguró hoy Luis Fernando Pérez, secretario del PRI en declaraciones a Efe.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Nery Rodenas, aseguró a periodistas que analizará si se toman acciones legales en contra del Congreso de Guatemala por el contenido del punto resolutivo.
De acuerdo al Congreso de Guatemala, la moción fue apoyada por 87 de 111 diputados que se encontraban en la sesión parlamentaria el jueves por la tarde.
Varios diputados ligados a la izquierda guatemalteca votaron en contra de la moción, argumentando a medios locales que se le daba la espalda a las víctimas de la masacre.
"La legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados (en contra de Ríos Montt) resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala", señala uno de los considerandos del punto resolutivo, identificado como 3-2014.
El párrafo continúa indicando que "en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado interno", es una "discusión que trasciende a los tribunales de justicia".
Esa discusión "se da en los medios de comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles, comunidades y en los hogares guatemaltecos, abriendo así nuevamente la polarización entre hermanos, propiciando condiciones contrarias a la paz y que impiden una definitiva reconciliación", señala el considerando.
Ríos Montt fue declarado culpable del delito de genocidio en mayo de 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia Ixil, en el departamento noroccidental del Quiché entre 1982 y 1983, durante su régimen de facto en Guatemala en uno de los puntos más álgidos de la guerra civil que enfrentaba al país.
La Justicia lo condenó a 80 años de prisión, pero diez días después la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima entidad constitucional del país, anuló la sentencia y ordenó que se repita una parte del juicio.
La continuación del mismo está programada para enero de 2015, pero antes podría resolverse una solicitud de amnistía para el exgeneral.
El presidente del Congreso, Arístides Crespo, dijo a periodistas que el punto resolutivo no es vinculante, por lo que no tiene ninguna consecuencia jurídica, pero que exhorta a los ciudadanos "a que olvidemos el pasado".
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, negó en abril de 2013 la posibilidad de que existiera genocidio y su ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla, ratificó lo dicho la semana pasada durante un discurso en Inglaterra.
El conflicto armado interno guatemalteco duró 36 años y dejó más de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos hasta la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH).
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