Rubalcaba dice que a los controladores no les puede salir “gratis” lo que hicieron

El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hoy que a los controladores no les puede salir “gratis” lo ocurrido el pasado viernes, cuando este colectivo abandonó masivamente las torres de control de los aeropuertos y dejó sin volar a cerca de 600.000 personas.
Rubalcaba, en una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, se refirió a las consecuencias económicas que tendrá la protesta de los controladores y señaló que la decisión sobre posibles indemnizaciones corresponderá “con toda seguridad a los jueces”.
Destacó que los controladores deben responder por haber dejado “tirados” a miles de españoles, a lo que se suma los perjuicios económicos para empresas como aerolíneas y hoteles. Apuntó, en este sentido, que está abierta la vía penal por las responsabilidades que exige la Fiscalía, a lo que se suman las reclamaciones en la vía civil planteadas por los ciudadanos.
“Todo esto está en marcha”, aseguró el vicepresidente, quien añadió que al final serán los tribunales los que decidirán cómo se indemniza y cómo se resuelve este “intrincado jeroglífico jurídico”.
“EDIFICIO DE PRIVILEGIOS”
Respecto al origen de la crisis, explicó que todo tiene su origen en el “edificio de privilegios” del que disfrutan los controladores, quienes pretendían mantener esta situación con la propuesta de convenio colectivo que presentaron hace unos días al ministro de Fomento, José Blanco.
El rechazo de Blanco a este documento, según Rubalcaba, hizo que la protesta inicial de algún controlador en Galicia se extendiera como una “mancha de aceite”, ante lo cual el Gobierno decidió actuar para que el problema no afectará de lleno a los aeropuertos durante las navidades.
Asimismo, el vicepresidente aseguró que es “infumable” decir que el Ejecutivo ha provocado a los controladores, de quienes dijo que habían planteado un “órdago al Estado” tras conseguir en 1999 un convenio laboral “espectacular” y sin precedentes en otros colectivos de trabajadores.
Por este motivo, el titular de Interior afirmó que resolver la cuestión de los controladores es “un problema de justicia”, en un momento en el que, por la crisis económica, se están pidiendo “esfuerzos” al conjunto de los españoles.
Por otra parte, el vicepresidente se refirió a que "en absoluto" es cierto que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, planteara dudas legales sobre la declaración del estado de alarma, algo de lo que se ha hecho eco algún medio de comunicación.