Sor María ya está en manos de la Justicia Divina

Nieves Albarracín

Madrid, 24 ene.- La religiosa María Gómez Valbuena, conocida por sor María tras salir de su anonimato a raíz de la investigación sobre "niños robados", ha fallecido sin aclarar ante el juez su presunta participación en esta trama, ya que la única vez que compareció ante él se negó a declarar y la segunda vez que fue citada, hace unos días, ni siquiera compareció alegando motivos de salud.

Ya no podrá hacerlo, sor María murió el pasado martes, aunque su fallecimiento se ha conocido hoy, una vez enterrada, por lo que deja de tener que rendir cuentas ante la Justicia humana y queda en manos de la Divina.

El día que compareció ante el juez por primera vez, el pasado 12 de abril, sor María, de 87 años, se acogió a su derecho a no declarar y trató de esquivar los reproches de sus presuntas víctimas, que la esperaban a la entrada de los Juzgados de Instrucción de Madrid, llegando en un Mercedes con los cristales tintados y saliendo escoltada por la Policía Municipal.

Aún así, no pudo evitar que le hicieran la foto entrando en la sede de los Juzgados vestida con su hábito azul de monja de La Caridad y viendo la indignación que provocó su actitud con los medios de comunicación, a los que se negó a hacer declaraciones, decidió emitir ese mismo día un comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que le repugnaba separar a un bebé de su madre.

"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", fueron las palabras con las que quiso zanjar este asunto.

En su misiva, subrayaba además que había dedicado toda su "larga vida" a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y en cumplimiento de sus profundas convicciones religiosas, al tiempo que daba las gracias "de corazón" a todas las personas e instituciones que le apoyaron y mostraron su afecto ante la situación en la que se encontraba y que esperaba se resolviera "a la mayor brevedad".

Su abogado, José María Calero, siempre destacó en su defensa que sor María llevaba una vida de "recogimiento" y "austeridad" en el convento de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la madrileña calle de Martínez Campos, y aseguraba que "nunca ha visto mucho dinero junto" (negando así que cobrara por la adopción de niños robados) y que no podía aguantar "la presión mediática".

El caso de los "niños robados" se hizo publico en 2008 al amparo de la Ley de Memoria Histórica, que permitía la investigación de los niños arrebatados a sus familias durante la Guerra Civil y el Franquismo, aunque se descubrió que estas prácticas se prolongaron en la democracia e incluso hay denuncias por casos ocurridos en la década de los noventa.

De hecho, la primera denuncia que llegó a un juzgado fue la presentada por María Luisa Torres por el robo de su hija recién nacida en 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina y acusaba a sor María de haberle quitado la niña "por adúltera", ya que el padre no era su marido.

La Fiscalía apreció indicios de delito en la actuación de la religiosa y finalmente la denuncia fue admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero.

El 12 de abril, el juez citó a la religiosa como imputada por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público y, aunque compareció ante él, se acogió a su derecho a no declarar, por lo que no hay constancia judicial de su versión de los hechos.

Varios médicos que testificaron en el Juzgado sostuvieron en sus declaraciones que la religiosa era la única responsable de las adopciones y que tenía un poder omnímodo para entrar y salir en la zona de los nidos y las incubadoras.

Además, se apuntaba su posible implicación en, al menos, otros tres casos que se están investigando en Madrid.

Uno de ellos, el de la posible sustracción de un bebé nacido en abril de 1978 en la madrileña Casa de la Madre.

Este caso, denunciado por la madre del niño, Felisa Tomico, fue inicialmente archivado por el juez Carretero, pero en octubre de 2012 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura al considerar que el robo de niños es un delito permanente que no prescribe.

Otros casos son el de Purificación Betegón, que dio a luz a dos niñas gemelas el 23 de febrero de 1981 en la maternidad de Santa Cristina; y el de otra mujer que, en 1966, dio a luz a un varón en la Casa de la Maternidad y que ha identificado a sor María en su declaración ante el juez.

Precisamente por la denuncia de Purificación Betegón fue de nuevo imputada por la supuesta desaparición de las gemelas y fue llamada a declarar el pasado 18 de enero, aunque esta vez ni siquiera compareció alegando "motivos de salud".