Sortu. La apm ve "sincronismo" con eta y "continuismo" con batasuna

El portavoz de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Pablo Llarena, piensa que la forma en que se ha presentado Sortu revela "una serie de marcadores de continuismo" respecto a Batasuna y cierto "sincronismo" con ETA, al rechazar la violencia futura de ésta cuando la banda ya ha renunciado formalmente a cometerla.
Llarena se manifestó así, en declaraciones a Servimedia, acerca de la controversia de si el nuevo partido de la izquierda abertzale debe ser legal porque lo son sus estatutos o si, como afirmó el viernes el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo crucial es su continuidad con Batasuna.
A este respecto, el portavoz de la APM rechazó que obligar a los promotores de Sortu a desmentir tal ligazón sea invertir la carga de la prueba, puesto que ya hay un partido ilegalizado y cualquier nueva formación "tiene que garantizar la honestidad de sus estatutos y demostrar que ha habido un distanciamiento respecto a organizaciones armadas y grupos ilegalizados".
En este empeño, cree que no vale con atender a las "manifestaciones formales" realizadas en los estatutos, sino que ha de haber una "indagacion seria" por parte de la policía que atestigüe que sus militantes "no tienen nada que ver" con organizaciones ilegales.
"JUICIO DE PRONÓSTICO"
Como ello no se podrá demostrar hasta el ejercicio diario de sus funciones por los concejales, Llarena se aferró al "juicio de pronóstico" que formule la policía estudiando la estructura y la financiación de Sortu, su discurso en cuanto a la violencia "en relación al futuro y al pasado" y "si el movimiento que se ha puesto en marcha está en sincronía" con ETA.
En opinión de la APM, "la mera condena de futuro" del terrorismo, "cuando hay una organización armada que no se da por extinguida, no aporta los parámetros razonables" para garantizar que las personas que hay detrás de Sortu están realmente "desconexionadas" respecto a ETA.
Llarena reconoció que en este dilema hay "derechos contrapuestos", pero, frente a los derechos políticos de quien quiere participar en las instituciones, reivindicó los del "resto de la ciudadanía" a que la representación política recaiga en grupos desligados del terrorismo, que, obviamente, "en sus estatutos no van a dejar constancia expresa" de sus vínculos respecto a él.
Por tanto, concluyó, hay que hacer una indagación para "inferir" si detrás de los estatutos hay una voluntad real de participar en el juego democrático o bien de burlar la ley. "Si la investigación es superficial, obviamente, el Tribunal Supremo tendrá pocos elementos de juicio", apostilló, sin querer concretar si eso supone una sospecha respecto al celo del Gobierno.