Un terremoto ha sacudido esta semana a la educación privada en España. Y el epicentro ha estado en el Ministerio de Hacienda, donde un borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado incluye la posibilidad de implantar el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los servicios que prestan tanto los centros educativos como los sanitarios privados. La noticia, adelantada por La Información, ha tenido una respuesta de rechazo unánime por parte de un sector cuyos expertos, atónitos, no entienden cómo este Gobierno de coalición que habla de medidas sociales "quiere castigar a las familias con un nuevo impuesto". Tampoco comprenden el mero hecho de plantear algo así "si el fin no es solo ideológico" porque no encuentran una respuesta económica que lo avale -"supondría más gasto público del que se pueda recaudar con el nuevo impuesto"-, ni social, al tratarse de "un servicio público esencial que se limitaría". Y lanzan una pregunta: "¿Nacionalizando todo el país sus ciudadanos crecerán más en conocimientos y capacidades?".
Gabriel Castellanos, responsable de la Mesa de Educación Madrid Foro Empresarial, tiene claro que imponer un IVA del 21% a la educación y sanidad privadas en España "no tiene ningún sentido" desde ningún punto de vista. "Es un disparate y no entendemos a quien se le puede ocurrir algo así excepto que se quiera nacionalizar toda la educación". Eliminar la exención de impuestos como servicio público esencial que es considerado "en toda Europa" perjudica directamente a los alumnos tanto de los centros públicos como de los privados en varios aspectos. Desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ya alertaban nada más conocerse la noticia de la masificación a la que tendrían que enfrentarse en las aulas públicas ya que una medida así abocaría a muchos centros privados a cerrar, lo que acabaría "colapsando el sistema público".
Para este docente y empresario, con años de experiencia en Educación, no es la primera vez que asiste perplejo al debate que enfrenta a la educación pública y la privada, pero "nunca pensé que se pudiera volver a plantear en un país democrático y avanzado como es España". Para Castellanos "no tiene sentido que ningún gobierno plantee algo así sin antes hablar con todas las partes", por eso cree que solo se entendería esta fiscalización que planean si es una cuestión ideológica en contra de la iniciativa privada", algo que para él es "imprescindible para el desarrollo de la Educación en España". Y recalca: "Nadie en su sano juicio entiende un país avanzado y progresista sin una colaboración público-privada en los servicios esenciales".
En España la complementariedad entre la educación pública y privada -en muchos concertados hay etapas que son privadas- es un hecho. "Nadie piensa en que deje de existir la enseñanza pública", pero "en el caso de la enseñanza privada, hay partidos que van poniendo trabas para paulatinamente al menos marginarla en lo que puedan y que acudan a ella una minoría de familias, las de mayor poder adquisitivo", apunta Mª Ángeles Sotés, experta en política educativa de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Ella no cree en la desaparición de los colegios privados porque "hasta el momento, la Constitución garantiza la libertad de las personas físicas y jurídicas a la creación de centros docentes, así como la ayuda a los centros docentes que cumplan determinados requisitos. Asimismo establece como derecho fundamental de los padres que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Lo natural es que estos tres preceptos deriven en la capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes distintos de los creados por los poderes públicos. Y hasta la fecha muchas familias los eligen o querrían elegirlos".
Sotés sí que tiene claro que una fiscalidad como la que se plantea "iría abriendo más la brecha social" porque cada vez más "solo las familias que se lo puedan permitir tendrán capacidad de elegir entre centro público o privado" y para ella "no tiene sentido que el gobierno de un estado social como es España trate determinados tipos de educación o de actividades educativas como un producto de consumo", asegura a La Información. En la misma línea Gabriel Castellanos apuntilla que "si lo que se pretende es reducirl al máximo los modelos de educación se crearía una élite que siempre podría existir, pero dejando atrás un alto porcentaje de niños cuyas familias luchan cada día para llevarles a un centro privado". Esta es una de las quejas de muchos padres que a día de hoy tienen matriculados a sus hijos en colegios privados porque "parece que los políticos no saben que no todos somos ricos de cuna". Y se hacen una pregunta: "¿Desde cuándo la educación es un producto de lujo?". Se abre aquí el debate entre la educación para ricos y para pobres que "para nada es así".
Javier Urra, antiguo defensor del menor en la Comunidad de Madrid y doctorado en psicología, tampoco cree que el debate esté ahí. "El portero de mi piso llegó desde Honduras y están contentísimos porque pueden pagar a sus hijos la educación en un colegio privado". Recuerda que la enseñanza es un servicio esencial que "hay que garantizar que todo el mundo tenga derecho a ella y una vez está garantizada enriquece mucho poder acceder también a la concertada o la privada, según decida cada familia". Y es precisamente en este punto donde también hacen hincapié desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que tacha la medida de poner un impuesto a la enseñanza privada de "atentar contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos".
Desde CEOE puntualizan además que una medida así tendría escasa eficacia recaudatoria, ya que incidiría negativamente en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, más aún en un entorno de recesión económica como el actual, y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleos. En la misma línea Alfonso Aguiló, director de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) alerta de que tal fiscalización supondría "la pérdida de innumerables puestos de trabajo y esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo". Aguiló también estima que otra consecuencia económica contraría a la intención del gobierno de recaudar más es que no llegaría a cubrir el gasto público que genera "como ponen de manifiesto los informes elaborados desde la Airef". No quiere pararse a pensar que detrás de esta fiscalización "haya un motivo ideológico que suponga un paso más para la nacionalización porque sería triste que en un momento en el que hay que reactivar los tejidos empresariales se dediquen a nacionalizarlos", concluye.
A favor de la medida
Sí que aplaude esta decisión del Gobierno que ahora mismo estaría en la mesa del ministerio de Hacienda, el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez Gutiérrez. Considera "lógico suprimir privilegios y beneficios fiscales a negocios que no cumplen ninguna función social y que lo que están sirviendo es para segregar y descohesionar la sociedad". Asegura que "desde la pedagogía consideramos que el derecho a la educación nunca debería convertirse en un negocio y ser fuente de lucro, como lo es la educación privada". Y reflexiona: "¿Si separamos a niños y niñas en función de los ingresos y las rentas de sus familias, cómo vamos a conseguir una sociedad que conviva en solidaridad, armonía y justicia?"
Apoya así la noticia de imponer un 21% de IVA a un servicio hasta la fecha exento porque "toda medida tendente a que, al menos, pague los impuestos que le corresponden y no tenga además privilegios fiscales es una buena noticia". Según sus cálculos, "son casi 2.000 millones (1.694 millones como estima la Autoridad Fiscal - AIReF) de ingresos públicos que hasta ahora han tenido el privilegio de no pagar" y lo compara con lo invertido en la crisis del coronavirus en las escuelas públicas. En definitiva, insiste en que "todos pagamos impuestos para garantizar el derecho a la educación en común de todos los niños y todas las niñas. Quien quiera privilegios aparte que se los pague". Y concluye: "Es una medida de justicia social, mayores impuestos a quienes mayores ingresos tienen".
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