Miércoles, 20.11.2019 - 05:08 h
Multas de hasta 3.600 euros

Dos alumnos de la UPV se enfrentan a 3 años de prisión por hackear sus notas

Uno mejoró sus notas de seis asignaturas en diez accesos, mientras que el segundo entró en ocasiones para mejorar la de dos asignaturas

El anónimo de Alcoy pagará la matrícula a 11 estudiantes de la UPV de diversas ingenierías y ADE
 

Dos estudiantes del doble grado de Administración de Empresas e Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se enfrentan a una posible condena de 3 años de prisión por haber hackeado el sistema de la universidad para mejorar sus notas.

La Fiscalía Provincial de Valencia, en un escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, les considera responsables de un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro, también continuado, de descubrimiento y revelación de secretos, y les reclama sendas multas de 3.600 y 3.000 euros.

Los acusados, según la acusación que ejerce el Ministerio Público, accedieron de forma ilícita a la red informática de la universidad en varias ocasiones entre el 2 de abril de 2017 y el 31 de enero de 2018 tras apoderarse de los nombres de usuario y de las claves mediante un sistema 'keylogger' -que memoriza las pulsaciones que se realizan en un teclado- instalado en los ordenadores que utilizaban los profesores dentro de las aulas.

Los accesos al sistema se realizaron desde las mismas conexiones inalámbricas de la universidad a través de los ordenadores portátiles de los alumnos, que usaron la red TOR (El Ruter Cebolla, por sus siglas en inglés) que oculta las direcciones IP de los usuarios y supuestamente mantiene el secreto de los contenidos que se mueven a través de ella.

El primero de los acusados, al que se reclama una multa mayor, mejoró sus notas de seis asignaturas en diez accesos, mientras que el segundo utilizó estos accesos ilegales en dos ocasiones para mejorar sus notas de dos asignaturas.

El fiscal reclama que se forme una pieza separada para que se averigüe la capacidad económica de los acusados, a efectos de establecer sus responsabilidades. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron llamados por el juzgado en calidad de investigados durante la fase de instrucción.

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