Diego Bello Lafuente, el surfista español de 32 años que murió este miércoles a manos de la policía filipina en la isla de Siargao, no estaba vinculado a la Federación Española. Los agentes abrieron fuego contra el deportista este miércoles, en el marco de una operación antidroga sobre la que ya han advertido las Naciones Unidas que han criticado "el clima de impunidad" de un operativo que ya ha conllevado la muerte de 30.000 personas, la mayoría en ejecuciones extrajudiciales.
Los agentes aseguran que el coruñés Bello Lafuente, que residía temporalmente en el lugar donde se produjo el ataque, era un "traficante de drogas de alto valor" y aseguran que, cuando intervino la brigada antidrogas, llevaba encima 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos filipinos en billetes marcados (600 dólares), condicionantes que han llevado a la policía a valorar la acción como una "operación exitosa en la lucha contra las drogas". La familia del fallecido recibió con sorpresa esta información, tal y como recogió este miércoles 'La Voz de Galicia'.
La isla donde tuvieron lugar los disparos, está situada a 800 kilómetros al sureste de Manila y es un destino muy popular entre surfistas. El propio Lafuente regentaba en ella varios negocios relacionados con el turismo. Al conocer el suceso, la Federación se interesó por la identidad del surfista, en cuyas redes sociales aparece como practicante de la modalidad de SUP (paddle surf). "No tenemos conocimiento de que sea cercano al mundo federativo", han indicado.
Una polémica operación
Momentos después de ser disparado, Bello fue trasladado al hospital más cercano, donde confirmaron su muerte, según el portavoz de la Policía Regional de Surigao del Norte, Reynel Serrano.: "Fue una operación en legítima defensa", apuntó el portavoz. Además, Serrano aseguró que el coruñés llevaba una pistola calibre 45 y disparó primero a los agentes. Sin embargo, el relato oficial choca con las críticas de organizaciones de derechos humanos que han denunciado en repetidas ocasiones que la policía filipina falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales en la sangrienta guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte.
Naciones Unidas y defensores de derechos humanos han criticado el clima de impunidad de la campaña antidroga en la que han muerto unas 30.000 personas, la mayoría en ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía. La policía ha admitido haber matado en redadas a unos 6.700 sospechosos, aunque alegan que todos ellos se resistieron al arresto.
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