Tejerina se estrena en la defensa de una ley verde, la de Parques Nacionales

  • La ministra Isabel García Tejerina se estrena en la defensa de una polémica ley medioambiental, la de Parques Nacionales, en el pleno del Congreso de los Diputados, donde CIU, Izquierda Plural, PSOE y BNG pedirán su devolución.

Madrid, 29 may.- La ministra Isabel García Tejerina se estrena en la defensa de una polémica ley medioambiental, la de Parques Nacionales, en el pleno del Congreso de los Diputados, donde CIU, Izquierda Plural, PSOE y BNG pedirán su devolución.

Según lo previsto, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente subirá a la tribuna de oradores para explicar este proyecto, heredado de su antecesor en el cargo, Miguel Arias Cañete, y aprobado el pasado mes de enero en Consejo de Ministros.

García Tejerina se enfrenta a la defensa de un proyecto que ha provocado el rechazo de las principales ONG, porque permitirá la navegación turística en Monfragüe y el vuelo sin motor en Guadarrama, y porque temen que abra la puerta a actividades hasta ahora prohibidas como la de edificar dentro de los parques.

Algunas de estas razones han motivado las enmiendas a la totalidad de los citados grupos parlamentarios, que alegan también el "desmoronamiento" de las competencias autonómicas y la dudas de constitucionalidad.

Los grupos afirman en sus enmiendas a la totalidad que es el propio Consejo de Estado el que alerta en su informe de que pueden existir problemas de constitucionalidad debido a la distribución de las competencias.

En una reunión con los medios, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, negó hace meses que se pueda construir y se mostró sorprendido de que el debate sobre la ley se hubiera centrado en "temas anecdóticos" como los de permitir navegar en Monfragüe o volar sin motor en Guadarrama.

A su juicio "lo más interesante" del texto, que reforma una ley socialista, es el modelo que fija permitir al Estado "tener presencia" y "definir su labor" en estos parques.

Según Ramos, la ley es constitucional y el Estado no quiere afectar a la gestión de los parques que les corresponde a las comunidades autónomas, sino hacerse "corresponsable" de las mismas.

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