Tribunal absuelve a procesados por contaminación con plomo en El Salvador

San Salvador, 30 nov.- Un Tribunal de Sentencia de El Salvador absolvió hoy de "toda responsabilidad penal" a tres ingenieros de una fábrica de baterías que fue cerrada en 2007 porque contaminó con plomo una zona cercana a la capital salvadoreña y que ya habían sido absueltos en una ocasión por el mismo caso.

El Tribunal de Sentencia decidió "absolver de toda responsabilidad penal a los exempleados de la fábrica (Baterías de El Salvador) Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez por el delito de contaminación ambiental", indicó a través de un comunicado el Órgano Judicial.

Así concluye el nuevo juicio, que se inició el 24 de octubre de 2011, a raíz de una apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) que refutó la sentencia del 2 de junio de ese mismo año de otro tribunal salvadoreño, que anuló el primer proceso contra los imputados y los dejó en libertad por un tecnicismo, según la parte acusadora.

En el nuevo "veredicto los jueces determinaron que los imputados no tenían poder de decisión dentro de la empresa Baterías de El Salvador", añade el comunicado.

Los ingenieros "dentro de sus cargos y funciones debían elaborar planes de adecuación ambiental. Sin embargo, eran los dueños o directivos de la empresa a quienes les correspondía aprobar y adjudicar personal y recursos para llevar a cabo los proyectos", detalló el documento.

Mientras los ingenieros han sido procesados dos veces por la contaminación con plomo en El Sitio del Niño, en el departamento de La Libertad, los directivos de la empresa, mejor conocida como Baterías Récord, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, continúan prófugos.

El primer juicio contra los ingenieros se inició el 30 de mayo de 2011 y fue anulado en junio de ese año, por lo que en octubre se abrió un nuevo proceso en su contra como consecuencia de una apelación de la Fiscalía, que terminó hoy con su libertad definitiva.

En agosto de 2010 el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en 4.000 habitantes, quienes a pesar de esa medida continúan viviendo en el lugar.

La Fiscalía, basándose en estudios ambientales, detectó que en algunos lugares había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.

Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica afectó un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.