Washington, 26 mar.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició hoy una sesión de tres días sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de 2010, que impone un seguro médico obligatorio a la mayoría de los estadounidenses y que los republicanos han prometido anularla si ganan la presidencia en noviembre próximo.
La reforma sanitaria, la mayor del sistema de salud en casi medio siglo, busca garantizar la cobertura médica universal para 50 millones de personas sin seguro médico para 2014, y prohíbe que las aseguradoras nieguen cobertura a personas con problemas de salud pre-existentes, entre otros elementos.
A continuación, los cuatro puntos que revisará el Tribunal Supremo entre hoy y el miércoles próximo al escuchar los argumentos orales sobre la polémica reforma sanitaria, que ha sido el mayor logro de política interna del presidente Barack Obama.
Ley de 1867 y la puntualidad de la revisión judicial
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(Lunes)
El Tribunal Supremo examinó si una ley federal que data de 1867, titulada en inglés "Tax Anti-Junction Law", impide o no que la máxima corte se pronuncie sobre los aspectos constitucionales de la reforma sanitaria este mismo año.
Esa ley prohíbe procesos legales sobre la justificación de un impuesto hasta que éste haya sido pagado.
La reforma sanitaria impone una multa a quienes no estén cubiertos por un seguro médico para 2014, pero los estadounidenses pagarían esa multa al declarar sus impuestos en 2015.
Dependiendo de si el Tribunal Supremo considera que la multa es un "impuesto", este asunto podría retrasar el dictamen sobre la obligatoriedad del seguro médico.
Seguro médico obligatorio
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(Martes)
El Tribunal Supremo estudiará la constitucionalidad de exigir la compra de un seguro médico a la mayoría de los estadounidenses para 2014, o arriesgar una multa.
En concreto, la máxima corte examinará si el Gobierno federal, de acuerdo con una cláusula sobre comercio interestatal de la Constitución, puede regular la actividad económica y exigir un plan médico.
El Gobierno argumenta que los contribuyentes terminan pagando los gastos de salud de una persona sin seguro médico.
Los detractores de la reforma replican que el Gobierno no tiene potestad para exigir la compra de determinados servicios, aún si la intención es reducir los costos de salud.
Futuro de la reforma si hay fallo contrario parcial
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(Miércoles)
Los magistrados estudiarán el futuro rumbo de la reforma sanitaria en el supuesto de que determinen que el seguro médico obligatorio es anti-constitucional en alguna de sus partes.
El Tribunal Supremo tendrá que determinar si deja en pie el resto de los componentes de la reforma, o sólo algunos.
El Gobierno argumenta que, tomando en cuenta cómo funcionan las aseguradoras, sería difícil poner en marcha la cláusula que prohíbe negar la cobertura médica a pacientes con problemas de salud pre-existentes.
Si el seguro médico no es obligatorio para todos, las aseguradoras forzosamente tendrían que aumentar las cuotas para personas con problemas de salud.
Los detractores de la medida aseguran que todos los componentes están entrelazados y, por lo tanto, si se anula uno, tendrían que anularse todos.
Expansión de red de beneficencia médica
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(Miércoles)
En esta vista, los magistrados estudiarán si el Gobierno federal puede obligar a los gobiernos estatales a asumir una mayor parte de la gestión y los gastos asociados con el programa de "Medicaid", que ofrecerá cobertura médica a personas pobres y con discapacidades.
Bajo el programa "Medicaid", los gobiernos estatales absorben hasta un 50% de los costos de salud de los beneficiarios, entre ellos niños, mujeres embarazadas y discapacitados.
La reforma sanitaria estipula que el Gobierno federal se hará cargo de los costos de la expansión del "Medicaid" durante los primeros tres años, pero los gobiernos estatales tendrían que pagar hasta un 10% de esos costos en un plazo de una década.
Los gobiernos estatales, que tendrían que aceptar o rechazar el programa en su totalidad, consideran que esta cláusula es una "coerción" del Gobierno federal.
Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen en junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales en los que el presidente Barack Obama se juega la reelección, y los republicanos buscan desbancarlo para proceder a anular la reforma sanitaria.
El fallo del Tribunal Supremo, además, tendrá grandes repercusiones sobre la autoridad reguladora del Gobierno federal en otras áreas de la vida nacional, y la autonomía de los gobiernos estatales sobre asuntos fiscales.
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