Varios sindicatos estudian demandar a Educación por el cambio de temarios

Madrid, 8 feb.- Los sindicatos de enseñanza pública CCOO-Andalucía y CSI-F han apuntado hoy la posibilidad de recurrir judicialmente la derogación de temarios de oposiciones docentes, que algunas organizaciones laborales han insinuado como un boicoteo a las comunidades que han convocado plazas.

El Ministerio de Educación publicó ayer en el BOE la anulación de los textos que los opositores para profesorado de la educación pública debían estudiar para las oposiciones que se convocaran desde el 1 de enero de este año, y restableció los anteriores, de 1993 y 1996, algo que hizo sin consultar a los sindicatos, según éstos.

Los servicios jurídicos de CCOO-Andalucía están analizando la posibilidad de recurrir ante los tribunales esta decisión "unilateral" porque en la comunidad ya se habían convocado oficialmente las oposiciones de Secundaria de 2012 (2.000 plazas).

Su secretario general, Francisco Carbonero, ha denunciado la "tropelía" del Gobierno de cambiar los temarios y el "despropósito por jugar con la esperanza de mucha gente" que estaba estudiando las oposiciones de secundaria desde hace meses.

El presidente de enseñanza de CSI-F, Eliseo Moreno, ha declarado a Efe-TV que su organización está estudiando presentar un recurso para "cambiar esta orden" ministerial, ya que "es un perjuicio grande" para los opositores, un "desastre y una tomadura de pelo" y no son "nada razonables" los argumentos de Educación.

El Gobierno está "desesperado" si cambia las reglas "en pleno juego" sin calibrar las consecuencias "drásticas" de "incertidumbre e inestabilidad" que trae consigo la medida, ha añadido.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, espera que la decisión ministerial no tenga el fin de "bloquear" alguna oferta de empleo público de este año, como la de Andalucía, "pero todo parece que esa es la intencionalidad".

"Se ha hecho con nocturnidad y alevosía -ha argumentado-, una manera de actuar incorrecta, pues hacía tiempo que no se hacía así, sino que siempre se ha consultado a agentes sociales y comunidades autónomas".

Aparte, ha citado los costes personales y dinerarios que tiene para los afectados, que ha calculado en unos 300.000.

"Si pretenden desanimar a las comunidades que han convocado plazas, eso es una mala táctica", ha enfatizado el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, quien ha cifrado los perjudicados en 70.000.

Opina Fernández que la medida crea "desconcierto y frustración", pues los cambios no se hacen de la noche a la mañana ni con precipitación, "ya que hay que hacer las cosas con tranquilidad para no generar más problemas de los que hay".